El PP consigue que el Tribunal de Cuentas pida al Gobierno que revise el rescate a Air Europa

El Congreso aprobó este martes una resolución del PP para que el Tribunal de Cuentas inste al Gobierno a revisar de forma «exhaustiva» los expedientes de ayuda a Air Europa y también del resto de empresas que recibieron dinero del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

En la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso y el Senado, los populares lograron sacar adelante las ocho resoluciones que presentaron sobre la actuación de la empresa estatal SEPI en el procedimiento de aprobación de operaciones de respaldo de dicho fondo.

Con el voto en contra del PSOE y, en la mayoría de las resoluciones, también de Sumar, la Comisión pide además al Tribunal de Cuentas, a iniciativa del PP, que reclame al Gobierno que «depure todas las responsabilidades administrativas y políticas que puedan derivarse de posibles irregularidades detectadas en la gestión del fondo y a implementar medidas correctoras que eviten su repetición en el futuro».

Según informa el PP, otra de las resoluciones aprobadas insta al Ejecutivo a «revisar de forma exhaustiva todos los expedientes de ayudas aprobadas en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, a fin de garantizar su conformidad con la normativa nacional y europea sobre ayudas de Estado».

En relación a Air Europa, el Gobierno es requerido para explicar los motivos por los que la ayuda «esquivó el proceso de revisión y aprobación por la Comisión Europea, al recibir 475 millones pero troceados en dos tramos, uno de 240 millones mediante crédito participativo y otro de 235 mediante crédito ordinario», ya que de superar uno de ellos los 250 millones no habría podido evitar el trámite de la Comisión.

Según los populares, el Ejecutivo tendrá que motivar por qué entre la solicitud de ayuda de Air Europa y su aprobación pasaron solo 75 días y no 300, como la media que tuvieron que esperar el resto de los beneficiarios.

Las resoluciones aprobadas instan asimismo al Gobierno a reforzar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de ayudas extraordinarias y a establecer como criterio excluyente en futuras convocatorias la pertenencia de empresas solicitantes a estructuras societarias opacas o vínculos con entidades radicadas en territorios considerados paraísos fiscales.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas pedirá al Ejecutivo que publique íntegramente los informes técnicos de viabilidad utilizados para justificar las ayudas y le instará a garantizar la independencia de los órganos y entidades encargados de la evaluación de solicitudes de apoyo públicos, «estableciendo procedimientos que prevengan cualquier interferencia de naturaleza política en decisiones de carácter técnico».