La UCO avanza en un segundo informe de la trama de las 'mordidas' del PSOE sobre Ángel Víctor Torres

El 'informe Cerdán' entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Supremo no será el único. Según ha podido adelantar El Debate, los agentes que investigan la presunta trama de corrupción que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez, por varios frentes distintos, siguen rastreando los mensajes que el principal comisionista de la red, Víctor de Aldama, pudo intercambiarse con varios altos cargos del PSOE y miembros del Ejecutivo socialista. Y ello, no sólo en relación con la compraventa irregular de material sanitario, en plena pandemia sino, también, por las presuntas 'mordidas' opacas derivadas de la adjudicación a dedo de obra pública de las cuales, un porcentaje, podría haber ido destinado a la financiación ilegal del partido.

Así las cosas, cabe recordar cómo ya el pasado mes de febrero, el magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa especial que se sigue en el Alto Tribunal, puso el foco en las conversaciones telefónicas que, según el testimonio de Aldama, mantuvo con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y quien fuera su asesor de confianza, Koldo García Izaguirre.

El ministro de Política Territorial aseguró en el Congreso, donde estaba obligado a decir la verdad, que nunca medió en ningún proceso de contratación porque siempre los delegó en los técnicos

En aquella ocasión, el magistrado Puente dictó un auto en el que instaba la recuperación de todas las comunicaciones concernientes a los tres principales investigados en la red; y, simultáneamente, que los agentes encargados de las pesquisas reportasen sobre la totalidad de los terminales incautados en el 'Operativo Delorme', la actuación policial que, en el arranque del procedimiento, se saldó con varias detenciones. Y, ello, «con especial referencia a los mensajes que aparezca pudieran haber intercambiado el Sr. Aldama Delgado con los Sres. don José Luis Ábalos Meco, don Víctor Ábalos, don Ángel Víctor Torres o subordinados de éste y don Santos Cerdán».

Con aquella decisión, el juez abrió la vía para cotejar la veracidad de las confesiones aportadas por el comisionista De Aldama quien, tras sus dos comparecencias en sede judicial, apuntaba a un presunto reparto ilegal de mordidas que afectaría, también, al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De este último, el magistrado destacó, en aquella ocasión, cómo Koldo le habría pedido 50.000 euros en 'B' por la contratación de las empresas de la red por parte del Gobierno canario que lideraba, por aquel entonces, el propio Torres.

Pese a que el ministro negó la mayor en la Comisión de Investigación parlamentaria que se sigue, desde hace varios meses, sobre las irregularidades presuntamente cometidas por el Gobierno, y varios de su miembros, en relación con la compraventa de material y la asignación de obra pública, la UCO ya desvirtuó este extremo a través de varios correos incorporados a la causa judicial.