Hacienda multará a Tragsatec por el contrato a Jessica Rodríguez, la exnovia de Ábalos

Las primeras diligencias de la inspección fiscal que abrió el Ministerio de Hacienda al grupo Tragsa, que depende a su vez de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), presidido también por María Jesús Montero, han concluido con una propuesta de sanción a Tragsatec por contabilizar como si fuera un gasto deducible el salario y la Seguridad Social abonados a Jessica Rodríguez, la mujer que mantuvo una «relación sentimental» con el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, sin que se dieran los requisitos de mérito y capacidad en un proceso selectivo público.

La Agencia Tributaria ha desplazado al grupo Tragsa a varios inspectores por un periodo de dieciocho meses, un tiempo inusual en este tipo de inspecciones, para que analicen el impuesto de sociedades y retenciones del IRPF de sus trabajadores, así como los salarios, dietas y viajes realizados. En dicha inspección hay un apartado especial dedicado a Jésica Rodríguez, que figuraba en la sociedad como la «sobrina del ministro», al considerar que es un gasto fiscal no deducible abonar retribuciones sin ir a trabajar como la propia Jésica reconoció en el Tribunal Supremo, que aseguró que ni siquiera sabía «dónde estaba su puesto de trabajo». «Inicialmente, a Jésica Rodríguez se le va a exigir la devolución de los sueldos devengados», reconoce fuentes de la empresa pública. «Además, Hacienda ha comunicado la propuesta de sanción a Tragsatec (filial de Tragsa), que deberá abonar una multa por la situación generada por el contrato de J.R.».

Jésica Rodríguez fue enchufada como oficial administrativa en Tragsatec con una retribución de 16.533 euros brutos anuales, el 2 de marzo de 2021, por mediación de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, actualmente imputada por la presunta contratación irregular de la ex amante de Ábalos. Su puesto de trabajo, al que nunca fue, estaba ubicado en las oficinas de Adif Alta Velocidad (AV), en la calle Sor Ángela de la Cruz, y dependía directamente de ella. De hecho, Pardo de Vera estuvo pendiente de su desarrollo como demuestra que la responsable técnico del proyecto de la empresa pública, Virginia Barbancho, enviase un correo transmitiendo una conversación con Ignacio Zaldívar, director del proyecto de Adif, donde cuenta que desde presidencia de Adif le preguntaban «qué pasa con Tragsa, que le estamos obligando a Jésica a hacer muchas cosas».

La doble vara de medir

De momento, la reclamación que el grupo Tragsa exigiría a Jésica Rodríguez no se realizará con el líder de UGT, que fue despedido un día antes de jubilarse para poder indemnizarlo por despido, a pesar de que la Agencia Tributaria también impondrá una sanción a la empresa pública por su caso. Según publicó ABC, el sindicalista fingió un traslado forzoso para solicitar el despido improcedente.