El Rey recibe a García Ortiz a 48 horas del inicio de un Año Judicial marcado por el procesamiento del fiscal general

Primer encuentro y primera imagen del procesado Álvaro García Ortiz con SS.MM. el Rey Felipe VI en el marco de la entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía al Jefe del Estado, en un contexto de expectación máxima. No en vano se trataba del 'ensayo' previo a la presencia del monarca en la solemne apertura del Año Judicial que tendrá lugar, este viernes, en la sede del Tribunal Supremo y a la que asistirá, pese a su procesamiento penal, el fiscal general del Estado al que, hoy, en el Palacio de la Zarzuela se le ha visto notablemente incómodo.

No en vano, el trance de presentarse, acusado por un delito de revelación de secretos, ante el Rey –en nombre del cual se imparte Justicia en nuestro país– no es un trago fácil, ni siquiera para el polémico García Ortiz con quien Felipe VI ha protagonizado un saludo institucional, algo distante y más breve de lo que es habitual en la cita de cada curso.

Semblantes serios y puro trámite antes del inicio de la reunión, a puerta cerrada, en la que el fiscal general ha hecho entrega de la memoria del Ministerio Público que recoge los datos de delincuencia y criminalidad en el último año.

Ambos volverán a coincidir este viernes en la sede del Supremo, en la madrileña plaza de la Villa de París, donde tendrá lugar el solemne acto institucional que, cada septiembre, marca el inicio del curso judicial. Esta no será una edición cualquiera porque nunca antes, hasta la fecha, un fiscal general procesado (y sólo hay un precedente al respecto) se había atrevido a presentarse en la cita con la toga puesta y un pie en el banquillo de los acusados.

De hecho, García Ortiz desfilará por los pasillos del Alto Tribunal, antes de Navidad como adelantó El Debate, como presunto autor de la filtración de los datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Por el momento, y de acuerdo con lo dictado por el magistrado instructor Ángel Hurtado, está pendiente que en un plazo máximo de tres días, a contar desde este lunes, las seis acusaciones populares que reclaman para él entre cuatro y seis años de prisión y entre cuatro y 12 años de inhabilitación acomoden sus escritos de acusación.

Una vez recibidos los nuevos documentos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el sindicato Manos Limpias, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y Vox, el juez Hurtado tendrá que resolver, también, la suspensión instada por los fiscales, aunque tiene pocos visos de prosperar.

Así las cosas, el fiscal general llega a la cita, en la que pronunciará un discurso, respaldado una vez más por el Ejecutivo, después de que este mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera su inocencia. En una entrevista en 'TVE', hizo referencia al voto particular contra el procesamiento de García Ortiz, recalcando que «no se puede abrir un juicio a una persona sin ninguna prueba».

Sánchez insistió en que la «supuesta filtración» por la que se juzga a García Ortiz «no se ha podido probar» y que se trata de un «un caso de corrupción» que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su pareja.

Además, el presidente del Gobierno sostuvo que hay jueces «haciendo política», aunque son una minoría, lo que ha generado malestar entre los magistrados que consideran que con sus palabras el jefe del Ejecutivo les está faltando el respeto.

Un cierre de filas al que, también, ha contribuido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien al ser preguntado si el Gobierno espera algún tipo de gesto o boicot en el acto de apertura del Año Judicial, por parte de la judicatura después de esas declaraciones de Sánchez o por la continuidad del fiscal general del Estado, ha subrayado que «todos los poderes del Estado se deben a la institucionalidad y al respeto que merecen las instituciones».

Bolaños ha querido en este punto reivindicar a «instituciones tan importantes en este caso como la Fiscalía General del Estado y la persona que la encarga».

«El Gobierno desde luego que tiene toda la confianza en el fiscal general del Estado porque es una persona que está haciendo una magnífica labor, está persiguiendo el delito y está contando la verdad», ha zanjado.