Política contra Justicia: el bloque izquierdista dinamita el CGPJ en pleno colapso de los tribunales por las reformas exprés del Gobierno

Llueve sobre mojado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Apenas un año después de su renovación, pactada equitativamente entre PP y PSOE, con el visto bueno de Europa, el máximo órgano de gobierno de los jueces y tribunales de nuestro país se ha vuelto a ver sacudido por razones ajenas a sus competencias que han dejado claro, una vez más, cómo la politización de las instituciones de la Justicia se ha convertido en una de las peores lacras de la presente legislatura.

La polémica estallaba, este jueves, en el Pleno en el que se acordó la composición de las comisiones de trabajo del órgano de representación de los magistrados españoles, desatando un conflicto interno en el que, al menos dos vocales, elegidos a propuesta del PSOE, mostraban un malestar que terminaba con la dimisión de uno de ellos, José María Fernández Seijo quien, hasta la fecha, había venido siendo el interlocutor del bloque izquierdista del Consejo con La Moncloa, en el seno de las deliberaciones.

O, en palabras de una magistrada afín, uno de «los progresistas más próximos al Ministerio de Justicia», como si esto fuera admisible en un Estado de Derecho que nace, precisamente, de la separación de poderes y la independencia judicial.

El origen del problema: la decisión del vocal nombrado a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, de votar junto al bloque profesional, designado a propuesta del PP –y conformado por los juristas José Luis Costa Pillado, Gema Espinosa, José María Páez, José Antonio Montero, José Carlos Orga, Pilar Jiménez Bados, Isabel Revuelta, José Eduardo Martínez Mediavilla, Esther Rojo y Alejandro Abascal– a los que también se unía la presidenta Isabel Perelló.

Nunca antes un vocal del CGPJ se había visto en la tesitura de justificar públicamente el sentido de su voto, tras una atroz campaña de señalamiento basada en acusaciones de «deslealtad» desde el bloque ideológico por el que fue propuesto

Un escenario de «ruptura» de las «dinámicas de consenso, la paridad y los equilibrios» del Consejo, un año después de su estreno, que supone una «triste noticia para la ciudadanía», y que varios de sus compañeros consideran fruto de una «encerrona», según se apresuraba a denunciar públicamente la vocal Inés Herreros, en un mensaje recogido en su cuenta de la red social X. Una reflexión que obligaba a Preciado a emitir un comunicado inédito para explicar el ejercicio libre de su posición, en conciencia, y que dejaba al descubierto cómo en la dinámica de bloques del Consejo –que se replica en otros órganos controlados por el Ejecutivo, aunque no sean Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas– se entiende como una suerte de disciplina de voto encubierta. Dejando al descubierto, una vez más, cómo el actual sistema de designación de los miembros del CGPJ es un mecanismo con el que los partidos aspiran al control de la Justicia y de sus representantes legítimos, jueces, magistrados y fiscales.

Y, todo ello, mientras los problemas reales campan a sus anchas en los juzgados y tribunales, colapsados, carentes de los medios suficientes para dar la respuesta ágil y adecuada que merecen los ciudadanos, que agonizan enterrados en montañas de causas y expedientes que se acumulan inertes ante la falta de medios humanos, técnicos y económicos, todavía más saturados tras las últimas reformas exprés del Gobierno. «De eso nadie habla» se lamentan los jueces de Viogen y los de primera instancia.

Antes de la injerencia del Ejecutivo, «había en cada partido judicial uno de dos juzgados que iban mal, otros regular, uno o dos bien y otro estupendamente», comentan algunos de ellos. Desde entonces, desde el pasado mes de julio de este año, en especial, «todos van mal» con señalamientos que se retrasan, ya, en algunos casos, hasta finales de 2028.

Los profesionales de a pie, los que padecen en su día a día las consecuencias de las malas decisiones políticas se lamentan de un «desastre» que llegó de la mano de la Ley 1/2025, la denominada 'ley Bolaños' que, tras reformar la organización de la planta judicial, ha convertido a la Justicia en un «caos» evidente, en el que juzgados que iban «sobreviviendo» han quedado transformados en «un partido judicial con ocho juzgados, siete mixtos y uno de violencia», por ejemplo, en el que los jueces «han quedado desposeídos» de los Letrados (LAJ) y auxilios judiciales que les daban soporte directo, para «convertirse en un número al que atienden decenas de funcionarios distintos» adscritos a su partido.

La Justicia convertida, desde la base, en pieza de caza mayor para los enemigos del cumplimiento de la ley, el orden constitucional y la democracia.