El Supremo quita el pasaporte a un excargo de Acciona imputado por los amaños de obra del caso PSOE

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el caso PSOE ha prohibido salir del país a Manuel José García Alconchel, quien fuera director de la zona sur de Acciona Construcción España, al tiempo que le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

Así consta en un auto en el que el instructor Leopoldo Puente explica que ha adoptado esta decisión a petición del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. El fiscal ha reclamado estas medidas cautelares en una vista que se ha celebrado este lunes después de que García Alconchel compareciera como investigado en el marco de la causa en la que se indaga en una presunta trama de amaños en licitaciones de obra pública a cambio de mordidas.

Las acusaciones populares se han adherido a la petición de la Fiscalía, mientras que la defensa ha mostrado su oposición. El magistrado ha accedido a la solicitud, después de que el pasado 3 de diciembre el instructor acordara aplicar las mismas medidas a otros dos exdirectivos de la constructora: Justo Vicente Pelegrini, quien fuera director de Construcción de Acciona para España, y a Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía.

El magistrado acordó la imputación de los tres a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

El instructor considera que hay suficientes indicios de que García Alconchel habría cometido delitos de integración en organización criminal y cohecho para prohibir su salida del país e imponer el resto de medidas cautelares que ha acordado.

Puente sostiene que García Alconchel habría firmado –en nombre de Acciona Construcción y con «pleno conocimiento» de Pelegrini– un memorándum de entendimiento en el que se fijaba que la constructora «abonaría a Servinabar un 2 % del importe total de la adjudicación» de la obra pública correspondiente a la reforma del Puente del Centenario en Sevilla.

Asimismo, destaca que el exdirectivo «habría procedido a contar en la ejecución de la mencionada obra, con un solo trabajador de la empresa Servinabar, precisamente Antonio Muñoz Cano, cuñado de Cerdán, desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2022».

Y, al hilo, apunta que fue el propio García Alconchel «quien dispuso lo necesario» para el traslado del cuñado de Cerdán, «habida cuenta de que éste carecía, incluso, de medios propios para desplazarse por sí mismo hasta el lugar de la obra».

Además, el magistrado recalca que «solo dos días antes» de que Ábalos, Cerdán y el exasesor ministerial Koldo García se desplazaran a Marruecos, García Alconchel –en nombre de Acciona– «habría suscrito un contrato más con Servinabar» tras identificar una oportunidad de negocio para la construcción de un puerto en Marruecos, previsiblemente en Kenitra.

«En tal sentido, las medidas cautelares de naturaleza personal que han sido interesadas aquí por las acusaciones no es solo que resultan precisas, con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pudiera sustraerse a la acción de la justicia y que comparecerá en la causa cuando fuere llamado (...), sino que también resultan plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable, limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria», señala el instructor.

Este lunes, García Alconchel ha descargado la responsabilidad de la alianza con Servinabar, en el que fuera su jefe, Justo Vicente Pelegrini, también investigado. Además, interrogado sobre la contratación del cuñado del ex dirigente socialista como peón, ha contado que no tenía ni medios para llegar a la oficina, por lo que tuvieron que llevarle. «Resulta casi cómico», ha reaccionado el magistrado.

En este sentido, ha asegurado que no fue él quien decidió trabajar con Servinabar, sino Pelegrini, según las fuentes consultadas. De acuerdo con la UCO, éste firmó el acuerdo marco de 2015 y los exdirectores de la zona sur y norte fueron suscribiendo los sucesivos Memorándum de Entendimiento (MoE) ante cada proyecto.

García Alconchel ha relatado que cuando empezó a trabajar en los proyectos, en 2018, Servinabar ya había pasado todos los «filtros» y tenía alianzas con la constructora. Y ha precisado que fue su superior, Pelegrini, quien le comentó la colaboración con la empresa que la UCO vincula a Cerdán.

En el contexto de las obras adjudicadas en Sevilla, también se le ha preguntado por la contratación del cuñado de Cerdán como peón. La UCO detalla que estuvo contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, por lo que recibió 53.130,30 euros.