El exconsejero madrileño Francisco Granados, en una imagen de archivo
Granados regresará al banquillo en enero de 2026 para su segundo juicio del caso Púnica
La Fiscalía solicita para Granados seis años de prisión por fraude y prevaricación, aunque las acusaciones populares (PSOE y ADADE) endurecen la petición hasta los 38 años
Francisco Granados, quien fuera número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, regresará al banquillo en enero de 2026 para su segundo juicio derivado del caso Púnica. Esta investigación judicial comenzó en octubre de 2014 con el arresto de Granados y otras cincuenta personas vinculadas a una red de corrupción en la región. Hasta la fecha, tras haber cumplido dos años y medio de prisión preventiva, el exdirigente solo cuenta con una condena de dos años por aprovecharse de la filtración de un guardia civil que le alertó sobre las pesquisas policiales.
Esta nueva vista oral se celebrará más de una década después del inicio del caso. Junto a Granados, serán juzgados otros trece procesados —entre ellos David Erguido, exsenador y exedil en Algete; así como sus homólogos de Valdemoro, Ciempozuelos, Móstoles o Moraleja de Enmedio—. El proceso, que se desarrollará del 19 de enero al 5 de marzo, se centra en supuestas irregularidades en la gestión de festejos municipales en ayuntamientos gobernados por el PP entre 2004 y 2013.
La Fiscalía solicita para Granados seis años de prisión por fraude y prevaricación. No obstante, las acusaciones populares (PSOE y ADADE) endurecen la petición hasta los 38 años. En el caso de Erguido y otros exregidores, el Ministerio Público demanda penas que rondan los dos años y ocho meses.
La Audiencia Nacional juzgará si en diversos ayuntamientos madrileños «existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial, en otros», tal como detalló el magistrado instructor.
Posición de «prevalencia y superioridad»
El Ministerio Fiscal pone el foco en la «relación de amistad» que unía a Granados con José Luis Huertas, el difunto propietario de la firma Waiter Music. Se argumenta que Granados ejerció una «gran influencia» y una posición de «prevalencia y superioridad» para beneficiar al empresario en contratos públicos.
Bajo este esquema, la constructora de eventos obtuvo contratos para cabalgatas y verbenas -en municipios como Valdemoro (773.186,88 €), Móstoles (262.000 €) o Moraleja de Enmedio (104.565,12 €)-, y eventos de gran escala actuaciones en el Palacio de los Deportes y celebraciones navideñas-.
A cambio, la Fiscalía sostiene que existían «contraprestaciones», consistentes en «unos servicios extras a requerimiento de los políticos» para eventos del partido que no se cobraban, además de «regalos» de lujo, como artículos de escritura y relojes de alta gama destinados a Granados.