El Senado lleva al Gobierno ante el Constitucional por sus tres años de «abuso» sin presentar Presupuestos

El Senado ha dicho basta, después de tres años sin que el Gobierno presente Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha decidido, a instancias de la mayoría absoluta del Partido Popular, elevar ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de atribuciones con el Gobierno por no cumplir con su obligación constitucional de presentar el proyecto de ley de las cuentas públicas, ante las Cortes Generales.

Así las cosas, los 'populares', haciendo valer la posición de fuerza que ostentan en la Cámara Alta, han instado al Constitucional para que se posicione. Buscan que la Corte de Garantías declare, oficialmente, que el Gobierno «ha vulnerado la atribución constitucional» del Senado para participar de la aprobación de los PGE, así como para modificarlos y para controlar la acción del Gobierno por «no presentar este proyecto de ley y por el abuso que se está haciendo de la prórroga presupuestaria». Pero, también, se trata de que el TC declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, producidas el 1 de enero de 2024, 2025 y, en su caso, del 2026.

Cabe recordar que el Pleno del Senado ya aprobó, hace dos meses, el procedimiento previsto para este tipo de discrepancias y que la Cámara Alta lo adoptó como suyo, con el objetivo de remitirlo al Gobierno para que se pronunciase al respecto. Sin embargo, transcurrido un mes para que se diese una respuesta oficial, el Ejecutivo ha preferido guardar silencio y dar el proceso por sustanciado, con lo que ello conlleva. Sin que, hasta la fecha, Pedro Sánchez y los suyos hayan cumplido con sus promesas sobre los PGE.

Una «omisión» por «motivos políticos»

Un escenario que para el PP, tal y como se refleja en el escrito registrado ante el TC, el Senado «no debe admitir ni tolerar» por más tiempo, insistiendo en que es la Constitución la que impone al Gobierno, «un deber constitucional de presupuestar» que no puede eludirse de manera constante.

De igual manera, los 'populares' advierten de que no pueden «admitir» la «práctica fraudulenta» de modificación presupuestaria «al margen del Parlamento», como consecuencia de la falta de Presupuestos, porque consideran que es «contraria al principio de legalidad presupuestaria».

«La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año», ha denunciado el PP ante la Corte que preside Cándido Conde-Pumpido.

«No existe justificación posible» para no presentar los Presupuestos, «salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos», inciden los populares.

«Y es claro que los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria», reza la impugnación planteada por la mayoría de la Cámara Alta.