Qué se sabe de la regularización de inmigrantes del Gobierno: claves de la medida

el pasado lunes por la tarde la dirigente y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunció que su partido había pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez aprobar una reforma reglamentaria para llevar a cabo una regularización de inmigrantes irregulares, acuerdo que después fue confirmado por el Ejecutivo.

1. ¿En qué consiste la regularización?

El proceso consiste en entregar a los extranjeros que se beneficien de la medida un permiso de residencia, con habilitación para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector. Esta autorización tendrá una duración de un año. Según ha señalado el Gobierno, «transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema».

Tras ello, podrán, por ejemplo, pasar a ostentar una situación de residencia temporal y trabajo: «Persona extranjera mayor de dieciséis años autorizada a residir en España por un periodo superior a noventa días naturales e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad laboral por cuenta ajena».

2. ¿Cuándo podrían obtener la nacionalidad? ¿Afectará a las generales?

La normativa vigente exige para obtener la nacionalidad española por residencia legal que esta dure «dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes», cinco años para los refugiados, y diez para el resto de los casos. Además, se recoge que «bastará un año de residencia para el nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles». «En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición» se añade.

De esta forma, los inmigrantes que se regularicen no llegarían a votar en las próximas generales, previstas para 2027, salvo que estos tuvieran un abuelo español.

3. ¿A quién beneficia? ¿Cuánto tiempo tendrán que estar en España?

El proceso de regularización –tal y como informó el Ministerio de Migraciones– estará dirigido a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, por un periodo mínimo de 5 meses. La líder de Podemos, Ione Belarra, explicó ayer en CanalRed que se beneficiarán «todas las personas que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025, hace menos de un mes, y que puedan demostrar en el momento de presentar la solicitud, cinco meses» de estancia en España.

Por su parte, tanto desde el Gobierno como la formación 'morada' han asegurado que la iniciativa favorecerá a alrededor de medio millón de personas.

4. ¿Cómo se acreditará la residencia?

La cartera dirigida por Elma Saiz ha señalado que la circunstancia de llevar cinco meses en España «podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos». Belarra resaltó que los extranjeros «lo podrán demostrar con cualquier medio válido en derecho».

«Es decir, facturas de cualquier tipo, citas médicas, envíos de dinero, cualquier cosa que pueda justificar que estabas en España durante ese tiempo y de manera continuada. Para que no sea solo el empadronamiento, porque una de las estrategias de la derecha es bloquear el acceso de personas en situación administrativa irregular al padrón», indicó.

5. El requisito de los antecedentes penales

El Ejecutivo también ha subrayado que «otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público»; aunque no ha concretado mucho más. No obstante, Irene Montero señaló este lunes que uno de los requisitos será no contar con cargas penales «relevantes», una matización que, por el momento, el Gobierno no ha incluido ni aclarado.

Belarra indicó ayer que dichos antecedentes serán los del país de origen, y no solo los que se hayan generado en España. Manifestó que «hay muchas personas que tienen muy difícil recabar los antecedentes penales en sus países de origen porque no tienen personas allí que lo puedan conseguir, porque es difícil conseguir la documentación, porque luego hay que traducirla, hay que hacerla oficial».

«Se pondrán facilidades para solicitar antecedentes penales, y si tu país no te los da, será el Gobierno el que tiene la responsabilidad del que tiene que ponerse en contacto con tu país para solicitarlos, y si no que valga una declaración responsable de que efectivamente tú no tienes antecedentes penales para que sorteemos esa burocracia insufrible», agregó.

6. ¿Qué papel juega Puigdemont?

Irene Montero reconoció ayer que el acuerdo alcanzado con el PSOE para la regularización de inmigrantes contempla una contraprestación que deberá asumir Podemos y que no ha sido detallada. En sus palabras, «es evidente que hay algo a cambio, estamos siendo honestas, pero el PSOE nos ha pedido discreción con ello. Nosotras vamos a respetarlo porque es parte del acuerdo que nos ha permitido tener una regularización encima de la mesa».

Igualmente, admitió que en su formación existe disposición a negociar que se dé las competencias de inmigración a Cataluña, mediante la «modificación» del texto pactado hace meses entre el PSOE y Junts –y que Podemos bloqueó en el Congreso–, con el objetivo de que «no tenga ningún contenido racista», ni en la exposición de motivos ni en el articulado. Así pues, Podemos pasaría a cumplir una de las exigencias en materia inmigratoria que reclama el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont.

7. ¿Qué otras regularizaciones hubo?

Hay precedentes de amplios procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes desde finales de los años ochenta que, además, fueron impulsados por Ejecutivos de distinto signo político:

8. Sin pasar por el Congreso

Elma Saiz afirmó ayer que la regularización extraordinaria de inmigrantes se llevará a cabo mediante una reforma reglamentaria que no pase por el Congreso de los Diputados. En la anterior legislatura se registró una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con rango de ley y respaldada por más de 700.000 firmas, cuya toma en consideración fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, con 310 votos a favor y 33 en contra, aunque desde entonces la iniciativa no ha avanzado en la Cámara Baja.

«Es una realidad que esa iniciativa (la ILP) estaba en un cajón a pesar de que fue una amplía mayoría política la que dio luz verde a su toma en consideración estaba en un cajón. Nos hemos puesto a trabajar de manera intensa, de manera no sencilla (...). Es la modificación de un reglamento para que vea la luz cuanto antes. Solamente con los últimos mensajes que he recibido en las últimas horas, desde luego cada día –para personas que están esta situación– cuenta. Por eso es importante que esto vea la luz», apostilló.