La Policía registra la casa del ex ‘tres’ de Montero después de la querella por cohecho de Anticorrupción

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, el que fuera ‘tres’ de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. El acceso a su domicilio se ha producido después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella contra él por un delito de cohecho a raíz de las investigaciones publicadas por El Debate, en las que se acreditaba el presunto cobro de comisiones ilegales de empresarios a cambio de archivar pleitos fiscales.

Tal y como ha podido saber este periódico en exclusiva, el registro policial ha sido autorizado por la magistrada Inmaculada Lova, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. La intervención se llevó a cabo el pasado 11 de febrero a primera hora de la mañana. La vivienda de Marco Sanjuán se encuentra en Valladolid, concretamente en un bloque ubicado en la urbanización Parquesol, una de las zonas residenciales de mayor poder adquisitivo de la ciudad. Los agentes permanecieron durante varias horas en el interior del inmueble revisando todas las estancias de la casa, que contaba con medidas de seguridad.

En el momento de la intervención policial, Marco Sanjuán no se encontraba en el inmueble, pero fue informado del registro a través de su abogado. Durante la actuación, los agentes de la UDEF incautaron diversos dispositivos electrónicos propiedad del exalto cargo, entre ellos dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento y numerosos documentos en papel. En estos momentos, los investigadores trabajan en dos líneas paralelas. Por un lado, la elaboración del informe policial sobre el material intervenido y, por otro, el análisis detallado del contenido de esos dispositivos. Además de este inmueble, también se han registrado otras propiedades.

El objetivo de los agentes es reconstruir el flujo económico derivado de los presuntos pagos irregulares que desveló El Debate y que ha confirmado la Fiscalía Anticorrupción y localizar el destino final de los fondos. La investigación trata de determinar si existen pruebas documentales o comunicaciones que acrediten el cobro de comisiones y su eventual reparto, así como posibles conexiones con terceros que hubieran participado en la operativa.

La entrada y registro se produce después de que Anticorrupción formalizara una querella contra Marco Sanjuán y otras 15 personas más por un delito de cohecho. Esta figura penal castiga la aceptación de pagos o beneficios por parte de un cargo público a cambio de adoptar decisiones favorables a quien los entrega. En este caso, la investigación se centra en la presunta manipulación de procedimientos tributarios desde el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), órgano encargado de resolver recursos de grandes contribuyentes frente a sanciones de la Agencia Tributaria. Según las pesquisas, Marco Sanjuán utilizó presuntamente su posición para intervenir en expedientes de elevado importe y tuvo la capacidad para anular sanciones millonarias. Los investigadores sostienen que determinadas resoluciones favorables no respondían únicamente a criterios técnicos, sino que están vinculadas al pago de cantidades económicas en metálico por parte de empresarios afectados por esos procedimientos.

Sobres con dinero

El Debate publicó hace varios meses que uno de los episodios más relevantes afecta a un pago de 100.000 euros por parte de un empresario a cambio de anular una reclamación fiscal. Las entregas se realizaban en encuentros concertados en una cafetería próxima al despacho oficial del ex 'tres' de Montero. «Dinero. Ahora me dice: ¿Cuándo quedamos a tomar un café?», señalaba el empresario en referencia a los mensajes en los que Marco Sanjuán le pedía fondos. Esas citas se organizaban con cambios de ubicación y horarios para evitar ser detectados. En esas mismas comunicaciones, Marco Sanjuán advertía al empresario de que el dinero no se quedaba íntegramente en sus manos. «Me tienes que dar porque los demás ya han cobrado todos», trasladaba el exalto cargo en un mensaje que apuntaba a la posible existencia de más personas con conocimiento o participación en los hechos. Los pagos, según ese testimonio, no eran aislados, sino que se repetían en el tiempo en función de los expedientes que se resolvían.

La actuación policial ha reactivado el foco político sobre el caso. Pese a la apertura de la investigación y a la querella de Anticorrupción, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mantenido su respaldo público a quien fuera uno de sus principales cargos de confianza, reiterando que las informaciones eran «mentiras» y «fango». En la misma línea se ha pronunciado el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, quien en sede parlamentaria sostuvo que no existían indicios que justificaran las acusaciones.

Después de que este periódico publicara la querella de Anticorrupción contra Marco Sanjuán, ha habido numerosas reacciones políticas. Desde el PP han pedido explicaciones su secretario general, Miguel Tellado, la portavoz popular en el Senado, Alicia García, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, que ha afirmado a través de sus redes sociales: «María Jesús Montero dejó Andalucía rodeada por la corrupción… y vuelve rodeada por la corrupción». Desde Vox, la coordinadora jurídica, Marta Castro, ha denunciado en referencia a este asunto: «Lamentablemente, las zarpas del PSOE llegan a quebrar todas las instituciones. Cosas como estas erosionan gravemente la credibilidad del sistema fiscal».