Montero buscó para su ‘tres’ un puesto en Valencia tras dimitir por corrupción porque quería «ganar calidad de vida»

La exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, buscó un nuevo destino para José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), tras su dimisión provocada por las investigaciones publicadas por El Debate. Tal y como ha podido saber este periódico, el que fuera su ‘tres’ aceptó abandonar el cargo después de negociar su salida y plantear como condición la elección de un nuevo destino que finalmente se concretó en Valencia. La decisión se adoptó semanas después de su renuncia, en pleno estallido del caso por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de archivar pleitos fiscales.

Tal y como ha podido confirmar este periódico, Marco Sanjuán tomó posesión pocas semanas después de su dimisión como inspector de Hacienda en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia, donde actualmente desempeña funciones en el área de Inspección. Su traslado se produjo tras expresar su voluntad de abandonar Madrid y fijar su residencia en la capital valenciana para, según trasladó, «ganar calidad de vida», una frase que utilizó en el contexto de las conversaciones previas a su salida.

La dimisión de Marco Sanjuán se produjo el 17 de junio de 2025 después de que El Debate comenzara a publicar una serie de reportajes que apuntaban a una operativa de cobro de comisiones ilegales a empresarios a los que posteriormente favorecía desde su puesto al frente del TEAC. En un audio que publicó este periódico, el propio alto cargo se mostraba reacio a abandonar el cargo días antes de finalmente hacerlo: «Si me quieren cesar, que me cesen, pero yo no me voy a ir». Sin embargo, terminó aceptando su salida tras alcanzar un acuerdo que incluía la posibilidad de elegir destino dentro de la Agencia Tributaria.

Nueve meses después, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Marco Sanjuán y otras 15 personas por un delito de cohecho. La investigación se centra en el presunto cobro de cantidades económicas a cambio de resolver de forma favorable procedimientos tributarios de elevado importe. Según las diligencias, el entonces presidente del TEAC tuvo la capacidad para anular sanciones millonarias en un contexto en el que determinados empresarios, según sus testimonios, le abonaron dinero en efectivo a cambio de archivar pleitos fiscales.

La causa dio un salto cualitativo tras la intervención de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que registró la vivienda de Marco Sanjuán en Valladolid por orden judicial. Durante esa actuación, los agentes localizaron dinero en efectivo oculto en el interior del domicilio. Los billetes estaban escondidos entre las páginas de varios libros en una estantería de la vivienda, en su mayoría manuales de Derecho tributario y económico.

Este periódico desveló que uno de los episodios más relevantes de la investigación afecta al pago de 100.000 euros por parte de un empresario a cambio de la anulación de una reclamación fiscal. Según ese testimonio, las entregas se realizaban en encuentros concertados en una cafetería próxima al entorno laboral del entonces presidente del TEAC. «Dinero. Ahora me dice: ¿Cuándo quedamos a tomar un café?», reflejaba uno de los mensajes analizados. Las citas se organizaban con cautelas, con cambios de ubicación y horarios para evitar seguimientos.

Antes de su llegada al TEAC, ya durante su etapa como presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Castilla y León, se registraron situaciones de características similares. Tal y como también publicó El Debate, en ese periodo anuló una sanción superior al millón de euros a la empresa Discomtes Valladolid SL. En ese caso, el pago que recibió no fue en metálico, sino a través de un entramado societario vinculado al propio cargo público. Ese sistema se articulaba en torno a la sociedad Investment Betancunia SL, de Marco Sanjuán. En una primera fase, el ex 'tres' de Montero facturaba desde su sociedad directamente a las empresas beneficiadas por sus resoluciones. Posteriormente, el esquema evolucionó mediante la intervención de terceros. Dos personas de su entorno, Enrique Lahuerta Tornos y Gonzalo Perdrix Ezequiel, emitían facturas a las compañías favorecidas y posteriormente canalizaban los importes hacia la estructura del entonces presidente del tribunal.

Pese a la evolución de los hechos, el Ministerio de Hacienda mantuvo desde el primer momento su respaldo público a Marco Sanjuán. María Jesús Montero aseguró que las informaciones eran «mentiras» y defendió su trayectoria profesional, mientras que el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, sostuvo en sede parlamentaria que no existían indicios que justificaran las acusaciones. Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, reclamó explicaciones en el Congreso de los Diputados y exigió responsabilidades políticas por su nombramiento y permanencia en el cargo.