Cuatro auditoras confirman que Transportes cambió el criterio de compra de mascarillas «en 38 minutos» tras la intervención de Aldama

El juicio del 'caso mascarillas' entraba, este jueves, en la fase de las pruebas periciales, sobre la auditoría encargada en Transportes por el actual ministro Óscar Puente sobre los contratos de material sanitario que, durante la pandemia, se formalizaron a través dicha administración. Y, también, sobre los audios grabados por Koldo García Izaguirre, durante años.

No en vano, preguntadas sobre el cambio en la decisión inicial del Ministerio, que pasó de una orden inicial de compra de 4 millones de unidades de mascarillas a un total de 8 millones, el doble de lo proyectado, según han explicado las testigos. Si bien el monto inicial tuvo que ver con las estimaciones relativas a la duración del decreto de alarma aprobado por el Gobierno que, al principio, se extendía durante 15 días de confinamiento, con posterioridad se modificó el criterio. Y se hizo en tan sólo «38 minutos» , tras la intervención de Víctor de Aldama, propietario de la empresa proveedora de las mismas, para «comprar 8 millones para 30 días», ha declarado una de las inspectoras.

Lo que para las cuatro expertas sugiere que, sin que se pueda saber «el cómo», lo cierto es que Soluciones de Gestión «tuvo acceso a la necesidad» de material, antes de que se publicase la convocatoria de compra del mismo. Las funcionarias, además, han señalado que en el proceso de adjudicación, durante el que no se pidieron presupuestos alternativos, participó «personal ajeno» al Departamento competente, que era el de contratación, en relación a Koldo quien, por aquel entonces, era el asesor del ministro Ábalos.

«En todo momento se pone de manifiesto la intervención de Koldo García. Primero con la presentación de la oferta directa [y única de Soluciones de Gestión] y, después, con otras actuaciones», como «el papel sobre la mesa del secretario general de Puertos del Estado y otras intervenciones», ha manifestado una de las comparecientes.

Llama la atención que sea un asesor el que intervenga y el hecho de que, habiendo un jefe de gabinete del ministro por encima de cualquiera de los asesores, no aparece mucho en todo el procesoAna BalbásInspectora citada como testigo en el Supremo

A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, todas ellas aclaraban que el documento analizado, a lo largo de su comparecencia en la Sala, fue el resultado de una «auditoría interna publicada» pero no una «auditoría pública».

Para la confección de la misma las funcionarias se guiaron por el «deber de sigilo» por la normativa que las regula y arrancaron con una solicitud de información masiva, sobre los expedientes de contratación, que se siguió de una suerte de solicitudes de comunicaciones internas a diferentes empleados de Puertos del Estado y Adif a los que fueron identificando «a medida que avanzaban las tareas» de investigación. De hecho, han denunciado en la Sala que los «medios» que tuvieron para pronunciarse fueron «limitados» dado que, en un primer momento, no tuvieron acceso ni a correos electrónicos, ni a los dispositivos móviles de los implicados en dichas contrataciones.

Cabe recordar que, en relación con este asunto, las defensas tanto de José Luis Ábalos, como la de Koldo García Izaguirre, han cuestionado la validez de dicho informe al que también apuntaron algunos ex altos cargos ministeriales. Tal es así que Koldo apuntó a «indicios de manipulación» en las conclusiones reflejadas por las auditoras, con cierto cariz político, motivo por el que Ábalos llegó a querellarse contra ellas.