La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra
Gamarra dice que la regularización de inmigrantes va a ser «un coladero» por el «colapso en la administración»
Los 'populares' han denunciado que el Gobierno, en vez de reforzar plantillas que actualmente se encuentran «mermadas», haya optado por un «plan de choque» basado en la realización de horas extraordinarias
El PP ha pedido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por utilizar la empresa publica Tragsa para gestionar la regularización «masiva» de inmigrantes cuando, a su juicio, ese proceso corresponde a funcionarios. A su entender, el Ejecutivo debería «reforzar de manera estable las plantillas» en lugar de recurrir a la externalización de funciones a través de esa entidad.
«El Gobierno ha colapsado la Administración por aprobar este decreto de regularización sin aportar los medios y recursos suficientes para hacer frente a más de un millón de solicitudes que se prevé que pueda haber. Han generado un colapso y, a través del colapso, se va a provocar un coladero», ha declarado a Europa Press la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.
La dirigente de PP ha señalado que «utilizar Tragsa» es la «última improvisación que se ha sacado de la chistera» el Gobierno de Sánchez y ha recalcado que «no es legal» porque «no tiene competencias para hacerlo».
«Lo están denunciando los propios funcionarios, los sindicatos, el Consejo de Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: esta revisión de expedientes debe caer sobre quienes tienen potestad pública, sobre funcionarios. No le corresponde a Tragsa», ha afirmado Gamarra.
La vicesecretaria del PP ha insistido en que esta regularización de migrantes «va a ser un coladero de delincuencia» debido a que el Gobierno «ha colapsado la Administración por aprobar este decreto sin aportar los medios y recursos suficientes»
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra
«Por desgracia, el Gobierno ha vuelto a demostrar que su única política se basa en la improvisación y la falta de escucha, y que su única respuesta es la victimización para intentar culpar a otros de su incompetencia», ha aseverado.
Los 'populares' han denunciado que el Gobierno, en vez de reforzar plantillas, que actualmente, se encuentran «mermadas», haya optado por un «plan de choque» basado en la realización de horas extraordinarias, la ampliación de horarios de atención por parte de los empleados públicos y la externalización de funciones a través de entidades públicas como Tragsa, «trasladando la presión a unos servicios públicos ya tensionados».
En este punto, el PP ha denunciado el veto del Gobierno a su enmienda aprobada por el Senado en la Ley de Multirreincidencia, que iba encaminada a reforzar las plantillas para hacer frente a esta regularización.
Según el PP, el Ejecutivo vetó la enmienda alegando que la exigencia de un certificado de antecedentes penales para acceder a eventuales autorizaciones de estancia y trabajo de carácter temporal implicaría la necesidad de incorporar aproximadamente 400 nuevos funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería, «con un supuesto coste estimado cercano a 17 millones de euros».
Por eso, ha emplazado al Gobierno a explicar cómo justifica el veto a esa enmienda parlamentaria «mientras que niega que el proceso de regularización masiva que afecta potencialmente a más de un millón de personas tenga ningún impacto presupuestario». A su entender, su actuación «evidencia una contradicción difícilmente justificable».
