El juez del caso Cristóbal Montoro rechaza enviar la investigación a los juzgados de Madrid

El juez de Tarragona que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por una presunta trama corrupta para beneficiar a empresas gasísticas ha rechazado trasladar las pesquisas a los juzgados de Madrid y se ha declarado «competente territorialmente» para proseguir con la causa.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular de la plaza número dos del Tribunal de Instancia de Tarragona ha desestimado la cuestión de competencia territorial que habían planteado las defensas de varias de las personas que están siendo investigadas en esta causa junto al exministro Montoro, en la que se pedía que el caso fuera trasladado a los juzgados de instrucción de Madrid.

El magistrado Rubén Rus sostiene en el auto que esta causa tiene su origen en el «descubrimiento casual» de una serie de correos electrónicos en el marco de otro procedimiento judicial, en los cuales se apreciaron indicios que podían ser constitutivos de un nuevo delito, por lo que se abrió un nuevo procedimiento judicial que, por reparto, recayó en su plaza.

En este sentido, el juez instructor alega que «no se ha actuado porque se tenga un interés especial en conocer del asunto, sino que se ha actuado en cumplimiento de las normas legales y de reparto que resultan aplicables». Agrega, además, que la competencia territorial para investigar el denominado caso Montoro «ya fue examinada» en su momento.

El juez rebate también otro de los planteamientos de las defensas, las cuales apuntaban que, en el caso de que hubieran existido los delitos que se investigan, estos se habrían cometido en Madrid.

Al respecto, recalca que «es indudable que es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito» cuando fueron descubiertos de «manera casual» los correos electrónicos, por lo que es «competente» el lugar donde se hayan descubierto las pruebas materiales.

En estos correos electrónicos a los que se refiere el juez instructor se constata que varias empresas del sector gasístico «pretenden obtener una rebaja impositiva mediante la modificación de la Ley de Impuestos Especiales, en concreto en el impuesto eléctrico».

«Y de su lectura se desprende que, no habiendo obtenido la rebaja pretendida, se decide contratar a nueva empresa -Equipo Económico, el despacho vinculado a Montoro-, ya que según se dice en los correos, esta tiene acceso directo al Ministerio de Hacienda», agrega.

Según el instructor, el avance de la investigación he permitido asimismo constatar que es desde Tarragona donde se contrata a Equipo Económico, y que desde Tarragona se hace un pago al despacho vinculado a Montoro.

En la causa, que ha estado siete años bajo secreto de sumario, el juez investiga a Montoro y a una treintena de personas, entre ellas socios de su despacho Equipo Económico, acusados de beneficiar a empresas gasísticas propiciando reformas legislativas que les fueran favorables, a cambio de pagos.

El juez Rubén Rus atribuye a Montoro -que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- y a una treintena de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Según el juez, Montoro hizo supuestamente «uso de las potestades» que le correspondían en la iniciativa legislativa de su ministerio, para ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses, a cambio de «importantes desembolsos».