La imputación de Zapatero deja en evidencia a Bruselas y su descontrol sobre las ayudas que concede

«Corresponde a los Estados miembros seleccionar a los beneficiarios de un régimen aprobado en el marco temporal y garantizar el cumplimiento de las condiciones del régimen, así como de las normas nacionales y de la UE en general», aseguró un portavoz de la Comisión Europea en julio de 2021 después de que eurodiputados de distintas formaciones denunciaran el rescate de Plus Ultra, que este martes ha concluido con la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

De esta manera, la Comisión Europea se desentendió de las ayudas que concedió para el rescate empresarial por los perjuicios producidos por la crisis del Covid en 2020. «La Comisión Europea no tiene ningún comentario concreto sobre los expedientes recientes ni, de manera más general, sobre el apoyo español a Plus Ultra en esta etapa. No existe una investigación formal sobre esta medida», ahondó el portavoz comunitario de entonces a pesar de que los entonces eurodiputados del PP, Esteban González Pons y José Antonio Millán Món; de Ciudadanos, Luis Garicano y José Ramón Bauzá; y de Vox, Jorge Buxadé, registraron en la Comisión preguntas en las que alertaban sobre el rescate.

A raíz de aquellas preguntas, la Comisión Europea consultó al Gobierno de España. Y, evidentemente, el Ejecutivo de Sánchez, le aseguró que el rescate de Plus Ultra había sido legal puesto que la compañía aérea fue calificada como de «estratégica». Así que, una vez obtenida esta respuesta, Bruselas se desentendió del caso a pesar de que posteriormente y hasta este mismo año, las denuncias por parte de los eurodiputados han continuado.

Una vez que este martes el expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero ha sido imputado, queda más en evidencia la falta de control por parte de la Unión Europea sobre las ayudas que concede. No hace un seguimiento de lo que se hace con ese dinero, que es lo que ahora está investigando el juez Calama.

No es, ni mucho menos, el primer caso. A principios de este mismo mes, el Tribunal de Cuentas español evidenció que el Gobierno había desviado en 2024 casi 2.400 millones de euros de los fondos de Recuperación y Resiliencia para poder pagar las pensiones ante la falta de Presupuestos.

Otro caso similar se conoció a comienzos de este año después del accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas. Entonces se conoció que Bruselas había concedido 111 millones de euros para la reparación precisamente de esa vía férrea donde se produjo el accidente, por lo que la Fiscalía Europea abrió una investigación para constatar si se habían utilizado para esa reparación.