El Gobierno maniobra para reemplazar a la juez española de enlace con Francia y Suiza en plena investigación de ambos países a Zapatero

El Gobierno planea introducir cambios en la actual magistratura de enlace español con Francia y Suiza que resulta clave para la cooperación judicial internacional en investigaciones de corrupción, blanqueo y crimen organizado con sendos países, en el peor momento posible: en plena imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del 'caso Plus Ultra' que, curiosamente, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con las fiscalías francesa y suiza.

Así las cosas, y según ha podido adelantar El Debate, el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños ha decidido convocar la plaza francesa, hasta ahora conjunta con la helvética, apenas dos años después del nombramiento de su actual titular y, por lo tanto, sin que hayan transcurrido los cinco años de mandato previstos en las propias bases de la última convocatoria.

Y, todo ello, sin especificar si la plaza está realmente vacante y qué balance se hace del trabajo desarrollado hasta hora, además de no aportar datos sobre qué solución tiene prevista el Ejecutivo socialista para mantener la coordinación judicial con Suiza, una vez operado el cambio.

Por ello, el Partido Popular ha presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre la «gestión caótica y contradictoria» que está haciendo Justicia con respecto a las magistraturas de enlace en el exterior, en especial en la destinada ante las autoridades judiciales de Francia y Suiza.

No en vano, en una respuesta de los socialistas, fechada en 2024, Justicia defendió exactamente lo contrario de lo que está proponiendo ahora y es que, entonces, apostaba porque aglutinar ambos destinos, bajo un mismo juez encargado, era «la mejor opción disponible y más eficiente» por razones económicas y de optimización de recursos. Sin embargo, se ha producido un cambio de criterio por el que, en este momento, se elimina esa extensión, sin aclarar qué modelo se piensa aplicar a partir de ahora, ni cuáles son las razones técnicas u objetivas que respaldan en nuevo enfoque.

Fuentes populares, consultadas por este diario, denuncian lo que «parece un nuevo caso evidente de falta de planificación de un Ministerio de Justicia instalado en la improvisación permanente», en un ámbito tan sensible como es la cooperación judicial internacional y la seguridad jurídica transnacional.

De hecho, el asunto, que ya fue polémico en su día, cobra especial relevancia después de conocerse la imputación formal de Zapatero al que la Fiscalía Anticorrupción investiga si Plus Ultra habría desviado parte de los 53 millones del rescate público que recibió de la SEPI, y fue aprobado por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, para, presuntamente, blanquear fondos procedentes de Venezuela a través de operaciones de blanqueo de capitales, coordinadas por una organización criminal de la que el socialista ejerció el «liderazgo», en Francia, Suiza y España.