La Complutense solicita abrir juicio oral contra Begoña Gómez pendiente de la retirada de su pasaporte

La audiencia preliminar en la que estaba citada Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, comenzaba pasadas las 18.00 horas de este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) y ha concluido, más de 3 horas después, sobre las 21.00 horas, sin una decisión concreta sobre la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, en una vista tensa de posturas encontradas entre las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, que mantienen sus posiciones, y la Fiscalía que ha vuelto a insistir en el archivo de las actuaciones. Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que ejerce la acusación particular como perjudicada directa en la propiedad del software, ha solicitado la apertura de juicio oral a Gómez.

Así las cosas, Gómez, a quien el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto sentar en el banquillo ante un jurado popular -por cuatro presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca- ha repetido ingresando en la sala de vistas con semblantes serio, vestida con un traje chaqueta negro, como en ocasiones anteriores y después de acceder a los juzgados en coche, a través del garaje, autorizada por el Decanato de los Juzgados madrileños.

Por su parte, la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés coimputado como gurú y director de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), lo han hecho a pie. Barrabés ha abandonado la vista antes del término de la misma, con autorización del juez, al encontrarse indispuesto y estar exento de la solicitud de medidas cautelares personales que sí pesan sobre Gómez.

Además de los investigados y sus abogados, en esta audiencia preliminar también han estado citados el Ministerio Público y el resto de las partes que instaron, a comienzos de su intervención de esta tarde, la aplicación de medidas cautelares sobre la mujer de Pedro Sánchez, al entender que existe un «riesgo de fuga» real, dado el elevado rango de penas que se solicitan para los implicados en las supuestas irregularidades: 24 años para Gómez, 22 para Álvarez como «cooperadora necesaria» en la malversación del erario y 6 para Barrabés por los presuntos delitos vinculados con el máster académico del que también era director.

En contra de dicha tesis, la Fiscalía que ha instado el archivo del procedimiento, una vez más, insistiendo en los argumentos ya planteados en el recurso de apelación planteado ante la Audiencia de Madrid.

Mientras, el abogado defensor de Gómez, el ex ministro del Interior Antonio Camacho, ha reclamado su absolución en el supuesto de que la causa llegue a juicio, al entender que los hechos investigados por Peinado «no son constitutivos de delito alguno» y que existe «mala fe» por parte de las acusaciones.

Por su parte, el magistrado ha dado por concluida la sesión sin pronunciarse, de manera inmediata, sobre los puntos más controvertidos y se prevé que dicte el acuerdo de medidas de aseguramiento, o su denegación, a lo largo de los próximos tres días que es el plazo legal previsto para este tipo de resoluciones restrictivas de derechos fundamentales.