Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, le retira el pasaporte y la obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra Begoña Gómez, ha acordado abrir juicio oral contra la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. En un auto dictado este sábado, al que ha tenido acceso El Debate, el magistrado recoge como medidas cautelares que se le retire el pasaporte, se le prohíba salir del territorio nacional y comparezca en el juzgado cada 15 días.

El juez Peinado ha acordado las mismas medidas para su asesora, Cristina Álvarez, imputada por esos mismos delitos, y para el empresario Juan Carlos Barrabés, acusado de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado. Este viernes, como contó El Debate, Peinado decretó abrir una pieza separada de la principal de esta causa para investigar los contratos de Barrabés.

La decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y enviarla a juicio ha provocado una reacción en tromba desde Moncloa y Ferraz.

El PSOE, en su cuenta oficial de X, ha publicado un mensaje en el que llega a afirmar que Gómez «lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente». «Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán», ha escrito, empezando una campaña en redes sociales con la etiqueta «YoConBegoña».

La portavoz de los socialistas, la diputada Montse Mínguez, ha tachado el auto de «delirante, obsesivo y vergonzoso». La secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, ha calificado la decisión de «desmedida y desproporcionada». Óscar Puente, por su parte, se ha burlado de los argumentos jurídicos de Juan Carlos Peinado.

Desde el Partido Popular, su secretario general, Miguel Tellado, ha escrito que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes». «Ni un día sin su escándalo», ha sido la primera reacción de Tellado en redes.

A través de su perfil en X, Tellado añade: «Ante el riesgo de fuga, un juez ordena la retirada del pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno». «Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal», continúa el número dos del PP, entre otros comentarios, antes de concluir: «Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya».

Argumentos jurídicos

En el auto, de 84 páginas, Peinado adopta la petición de las acusaciones populares y desoye el criterio de la Fiscalía, que se oponía a las medidas cautelares.

«Como se ha dicho más arriba –indica el auto–, las acusadas, María Begoña Gómez Fernández y María Cristina Álvarez Rodríguez, han intervenido en los hechos descritos, bien a título de autoras materiales, bien, como copartícipes ejecutoras, bien, como cooperadoras necesarias (…). pero en cualquier caso, a 'priori', merecedoras de respuesta punitiva», indica el escrito del juez. «Consecuentemente, el abanico punitivo, de penas privativas de libertad, que pudiera serle aplicado a las acusadas, es el comprendido entre las penas de dos años a 16 años».

Para el juez, esta horquilla de penas justifica, entre otros argumentos, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial.

«Las medidas cautelares de naturaleza personal» han de respetar «los principios de necesidad, provisionalidad, instrumentalidad, legalidad, jurisdiccionalidad, excepcionalidad, modificabilidad, adecuación, justificación y proporcionalidad», indica el juez. «Por tanto, concurre la primera de las premisas para la adopción de medidas (...), consistente en la existencia de indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo».

En su escrito de defensa, tal como informó este periódico, la mujer de Pedro Sánchez pidió su absolución si la causa llegaba a juicio al considerar que los hechos por los que se la investiga «no son constitutivos de delito alguno» y que existe «mala fe» por parte de las acusaciones. La Fiscalía pidió archivar el caso y avanzó que reclamaría la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considerara procedente la apertura de juicio oral.