Sánchez premió por sus méritos por «la patria» a la abogada del Estado que le ayudó en su guerra sucia contra el juez Peinado

La cacería contra el juez Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez, tiene recompensa, del mayor prestigio, para Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska: nada menos que la más alta distinción de la Guardia Civil para la abogada del Estado que intentó tumbar al magistrado, con una querella finalmente desautorizada. Pero el intento tuvo premio y los méritos que esgrimió el Ministerio del Interior y hoy desvela este periódico son casi de broma: en el universo sanchista, atenderle a él en un caso de acoso a un juez son una especie de servicios a «la patria».

El Debate ha logrado que, por fin, Marlaska explique sus recompensas y premios en nombre de la Guardia Civil. En concreto, por qué el Consejo de Ministros premió, a propuesta suya, con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la abogada del Estado Zaida Isabel Fernández. El nombre por sí solo no llama demasiado la atención, pero se trata de la jefa del departamento penal de la Abogacía General del Estado que Sánchez utilizó para querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado, en una nueva actuación torticera, ya que terminó por utilizar los recursos públicos de los que dispone para fines personales.

La abogada del Estado firmó la querella en julio de 2024; fue desestimada por el TSJM en octubre de ese mismo año y el Consejo de Ministros la recompensó en 2025 con la más alta condecoración de la Guardia Civil, que premia las acciones o conductas de extraordinario relieve que redunden en prestigio del Cuerpo e interés de la Patria, según dispone la normativa reguladora.

Para imponerle la más alta distinción, según establece el artículo tercero de la Ley 19/1976 de 29 de mayo sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, desarrollada por la Orden INT/2008/2012, la justificación aportada por el ministro y elevada a Sánchez fue un breve currículum de la condecorada.

En él se relata, únicamente, que es licenciada en Derecho y abogada del Estado desde 2016, donde desarrolló gran parte de su carrera en el área penal y «representando institucionalmente al Gobierno en asuntos jurídicos».

Además, el currículum describe que «en diciembre de 2023 fue nombrada secretaria del Consejo de Administración de la empresa pública ENISA, dedicada a la financiación de proyectos innovadores en el ámbito empresarial, y en enero de 2024 también asumió la secretaría del Consejo en la empresa pública Hunosa, dedicada a la minería y transición energética».

Esos son, en definitiva, los únicos méritos que es capaz de acreditar el Gobierno para condecorar a la abogada del Estado que Sánchez utilizó en su ataque contra el juez que investiga a su esposa y que no explican siquiera cuáles son las acciones extraordinarias «en prestigio del Cuerpo e interés de la Patria» para ser condecorada.

El presidente interpuso la querella por prevaricación contra Peinado, el instructor que investiga los negocios de Begoña Gómez por los que se encuentra al borde del banquillo de los acusados ante un tribunal del jurado, después de que este le impidiese declarar por escrito en la causa, un beneficio que pretendía obtener por el hecho de ser presidente del Gobierno. Sin embargo, este beneficio estaría solo reservado para hechos relacionados con su cargo y nunca para dar cuenta de las actividades de su mujer.

Aun así, Sánchez ordenó por razones de urgencia y por tanto sin necesidad de contar con la previa autorización de la Dirección General de lo Contencioso, querellarse contra Peinado por considerar «agraviada la institución» presidencial.

Sánchez no dudó en utilizar los recursos del Estado para señalar al juez y lo hizo retorciendo el artículo 1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, que, si bien asigna la defensa y representación de la Presidencia del Gobierno a la Abogacía del Estado, esta asistencia jurídica consiste «en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales», por lo que los servicios jurídicos consultados al respecto por este periódico consideran que Sánchez se extralimitó y usó «en beneficio propio la normativa, dado que la interposición de querella por un asunto privado, concerniente a su mujer, excede del concepto de asesoramiento y defensa, pues, stricto sensu, interponer querella no es defensa». La querella fue desestimada por el TSJM.

Transparencia obliga a Marlaska a hacer público el expediente de la recompensa

Marlaska no ha remitido el expediente que demostraría cómo recompensa Sánchez a las personas que se ponen de su lado por voluntad propia, sino después de recibir la resolución 2026-0565, dictada el pasado 27 de mayo por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que ordenaba al ministro entregar a El Debate el expediente de la condecoración «para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de la discrecionalidad, o si ha podido incurrir en arbitrariedad».

Previamente, Marlaska se había negado a hacer público el expediente de dicha medalla que, según un documento del Ministerio del Interior, se otorgó de forma ordinaria con motivo de la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo, a propuesta del ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre de 2025.

David Blanes, jefe de gabinete de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, según consta en un documento que obra en exclusiva en poder de este periódico, manifestaba el pasado 3 de diciembre que se concedió con base en la Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil. En ella se especifica que las propuestas ordinarias servirán «para premiar la constante y cotidiana superación de sacrificios, riesgos, fatigas o relevantes colaboraciones con la Guardia Civil», negándose al mismo tiempo a hacer público el currículum de la condecorada, que fue la razón de ser de la recompensa otorgada, por considerar que se trataba de una información carente de interés público.

Tras el amparo del CTBG a este periódico, el general Blanes daba cumplimiento al mandato del Consejo mediante escrito del pasado 16 de junio, dejando al descubierto la chapuza legal y el enjuague llevado a cabo para forzar el tenor literal de la alta distinción de la Guardia Civil otorgada a la abogada del Estado de la que Sánchez se sirvió para un asunto de índole privada. Según manifiestan las fuentes jurídicas consultadas, «si quería querellarse contra el juez Peinado, que hubiera contratado un abogado a título personal, pero es costumbre de este presidente servirse de lo público para sus fines privados».

Antes de ser obligado a ello, el jefe de gabinete de Mercedes González, atrapada en las cloacas del PSOE, y Leire Díez, solo remitió una copia del real decreto publicado en el BOE y denegó el acceso al resto de la documentación alegando que el borrador del mismo tenía carácter auxiliar y el currículum vitae de la condecorada podría contener datos de carácter personal protegidos. Argumentos desestimados en su totalidad.

Interior negó las reuniones entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil

En este punto, cabe señalar que Blanes es el mismo general de brigada que trató de negar las reuniones entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tal y como publicó El Debate, pues él mismo firmaba los documentos oficiales en los que se señalaba que «no se tiene constancia de que se haya llevado a cabo reunión alguna», ni tampoco de la existencia de documentación en la que se reflejen las informaciones «relativas a la UCO solicitadas a la Guardia Civil» por la ya exmilitante socialista.

Sin embargo, la realidad se impuso después de que un informe de la UCO revelase que se produjeron, al menos, tres reuniones entre Díez y la directora general, con la que la ‘fontanera’ aseguraba tener una relación de «confianza» incluso previa a su nombramiento. En concreto, los investigadores dataron estas reuniones los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025, en las inmediaciones de la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, y sostienen que existen indicios de que la exmilitante socialista le habría trasladado determinada información «obtenida en el marco de la actividad aparentemente delictiva que venía desarrollando». Este informe llevó a González a tener que emitir un comunicado reconociendo los encuentros que había negado previamente y el PP solicitó su comparecencia en el Senado.

González reconoce que informó a Marlaska de sus reuniones con Leire

Durante su intervención en la Cámara Alta, la directora del Instituto Armado ha reconocido que el ministro del Interior sabía desde el 30 de mayo de 2025 que ella había tenido algún encuentro informal con la fontanera, porque se lo contó personalmente. Eso sí, ha intentado defenderse alegando que «ni el ministro ni yo hemos mentido en ningún caso. Nunca me habrán escuchado decir que yo no conozco a Leire Díez; lo que sí he negado es reunirme para una campaña contra la UCO».

«Nunca he tenido una reunión con Leire Díez, he tomado dos tés, porque yo no tomo café», ha señalado, intentando seguir la senda del Gobierno que pretende hacer creer que el titular de Interior no ha mentido en ningún momento porque, sostienen, siempre se ha referido a reuniones oficiales en el despacho de González.

La UCO señala a Sánchez como ‘el one’ de la trama de las cloacas

Además, pese a que Sánchez ha tratado de desvincularse por completo de esta trama, mediante la cual las cloacas del PSOE intentaban desactivar los casos de corrupción más cercanos al presidente –que el propio Marlaska aseguró que «a todos nos repugna»–, lo cierto es que el último informe de la UCO al respecto permite acreditar que Díez no actuó de manera autónoma, como sugieren desde el PSOE y Moncloa, sino que existía un canal de información de sus maniobras a la dirección política socialista a través de Santos Cerdán, quien, además, había permitido a la ‘fontanera’ hacer uso de los recursos del partido para viajar.

Además, los investigadores señalan como verdadero vértice de la estructura al propio Sánchez, a quien Leire Díez se refería en clave como el «one» (el uno). Los investigadores de la Guardia Civil sostienen que este término solo puede aludir al presidente, por ser la única persona por encima de Santos Cerdán (a quien la trama llamaba «S», «Santi» o «jefe»). Además, las conversaciones intervenidas apuntarían a que Sánchez estaba al corriente y respaldaba la operativa, y la UCO ha certificado que las iniciales «P.S.», encontradas en una libreta de la fontanera, se refieren al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.