Iustitia Europa lleva a la Junta Electoral el «pucherazo» por las altas masivas en el censo exterior de la Ley de Nietos

El partido Iustitia Europa ha formalizado una denuncia y solicitud de actuación urgente por la incorporación masiva de nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes —CERA— como consecuencia de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, conocida como «Ley de Nietos». La formación reclama que la Oficina del Censo Electoral (OCE) detalle el criterio y el soporte documental con que cada nuevo elector residente en el extranjero queda adscrito a una provincia española.

El censo no puede ser una caja negra

El escrito invoca la función de supervisión que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) atribuye a la administración electoral y la obligación de la OCE recogida en el artículo 30 de la misma norma. Su portavoz, Luis María Pardo, sostiene que el censo no puede ser «una caja negra» y reclama saber con qué expediente, en qué consulado y en qué fecha se produce cada inscripción.

El núcleo de la denuncia es la adscripción provincial. Dado que en España los escaños se reparten circunscripción a circunscripción, la formación plantea que una asignación territorial sin arraigo acreditado podría concentrar voto exterior en provincias con escaso margen de escaños. Por eso pide a la JEC que reclame a la OCE un desglose pormenorizado de las altas en el CERA por causa de adscripción provincial, con los criterios y los documentos que justifican cada asignación.

La pretensión coincide con una cuestión ya planteada en torno a este procedimiento: la falta de información pública sobre cómo se fija la provincia de inscripción de los nuevos electores cuando el expediente no acredita una procedencia concreta, un supuesto en el que el registro asigna por defecto la Comunidad de Madrid.

«Ofensiva contra el pucherazo»

La cifra que la formación esgrime como respaldo requiere una precisión. El escrito sitúa en 3.202.002 los españoles residentes en el extranjero a 1 de enero de 2026, con un alza del 5,1%, y lo presenta como medida del problema del censo electoral. Ese dato no corresponde al CERA: es el del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que el INE publicó el 19 de marzo de 2026 y que incluye a 451.968 menores de 16 años sin derecho de voto. El CERA, el registro que la denuncia pide fiscalizar, sumaba 2.664.898 electores a esa misma fecha, unos 537.000 menos. El PERE recoge a todos los españoles inscritos en los registros consulares; el censo electoral, solo a quienes pueden votar.

Iustitia Europa enmarca su iniciativa como una ofensiva contra un presunto «pucherazo» y sostiene que la saturación consular, que sitúa sobre todo en Argentina, Brasil y Cuba, podría estar derivando en «altas de complacencia». El propio escrito formula esa hipótesis en condicional y la JEC no la ha avalado. La actuación presentada no es una querella penal, sino una solicitud de supervisión dirigida al árbitro electoral, que aún no se ha pronunciado sobre su admisión.

Hazte Oír en el Parlamento Europeo

La denuncia ante la JEC se suma a una presión que también se ha trasladado a las instituciones europeas. La asociación Hazte Oír llevó el 22 de junio al Parlamento Europeo su oposición a la norma y entregó, dentro de la campaña «Paremos juntos el plan de Sánchez», las firmas recogidas contra el proceso de nacionalización, que cifra en más de 50.000, aunque los medios que cubrieron el acto las situaron en torno a 47.000. En un mensaje difundido este fin de semana, la organización, que considera la ley un fraude electoral, la calificó de «golpe de Estado» y sostuvo que el Gobierno pretende «sabotear las elecciones». Son caracterizaciones políticas de la propia plataforma, que ningún órgano judicial o electoral ha respaldado.

Ambas denuncias se producen tras las investigaciones destapadas por El Debate sobre las grietas en la Ley de Nietos.