El fiscal pide 15 años para Fernández Díaz y sostiene que dirigió un operativo para proteger al PP con la Kitchen

La Fiscalía Anticorrupción ha elevado el tono en el juicio por la denominada Operación Kitchen al sostener que el dispositivo puesto en marcha en 2013 constituyó un «operativo parapolicial criminal» cuyo verdadero objetivo era obtener documentación comprometedora que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, pudiera conservar sobre dirigentes del partido y obstaculizar la investigación judicial del caso Gürtel.

Durante la exposición de su informe final ante la Audiencia Nacional, el fiscal César de Rivas defendió que la prueba practicada durante el juicio acredita que la operación no perseguía localizar un supuesto dinero oculto de Bárcenas en el extranjero, como han sostenido los principales acusados, sino hacerse con documentación y grabaciones que pudieran comprometer a la cúpula del Partido Popular.

El representante del Ministerio Público considera acreditada la participación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, desde el inicio del operativo, motivo por el que mantiene para ambos una petición de 15 años de prisión.

Según expuso el fiscal, la finalidad del dispositivo quedó definida desde su propia concepción. «Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel; todo lo contrario», sostuvo durante su intervención, al asegurar que el objetivo era «obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y para sus máximos dirigentes» y, al mismo tiempo, «boicotear» y «obstaculizar» la investigación judicial que se seguía contra la trama Gürtel.

La Fiscalía sostiene que ese interés por la documentación que conservaba Bárcenas existía incluso antes de que se captara como confidente a Sergio Ríos, el antiguo chófer de la familia del extesorero, o de que se realizaran seguimientos sobre su esposa, Rosalía Iglesias.

Entre el material que, según el Ministerio Público, se pretendía localizar figuraban las supuestas grabaciones a las que Bárcenas había aludido públicamente y que afectarían, entre otros, al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como al exdirigente popular Javier Arenas.

Para sostener esa tesis, De Rivas concedió especial relevancia a las agendas personales del excomisario José Manuel Villarejo y, aunque reconoció que Villarejo podía exagerar en sus conversaciones con terceros, el fiscal afirmó que sus anotaciones privadas reflejan con fidelidad los hechos que estaba viviendo y evidencian el interés por obtener esa documentación.

El Ministerio Público también rechazó la principal línea de defensa de los mandos policiales procesados, quienes han sostenido durante el juicio que Kitchen fue un operativo de inteligencia legal destinado a completar la investigación del caso Gürtel. Según el fiscal, esa explicación resulta incompatible con la propia instrucción judicial, ya que los responsables del operativo nunca mantuvieron interlocución con el juez instructor ni con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la unidad policial que ejercía las funciones de policía judicial en la investigación de Gürtel.

Además de Fernández Díaz y Francisco Martínez, la Fiscalía mantiene acusaciones contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, el excomisario Villarejo y el propio Sergio Ríos, para quienes solicita penas de prisión que oscilan entre los 12 años y medio y los 19 años, en función de su presunta participación en el operativo.