La UCO valora en más de 750 millones de euros la corrupción del PSOE en los rescates de la SEPI

La investigación judicial conocida como caso SEPI, que deriva de las 'cloacas' socialistas de la 'fontanera' Leire Díez, y la trama Hirurok, formada por ésta Vicente Fernández —expresidente de la entidad— y Joseba Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar, se centra en la existencia de una presunta red de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y organización criminal para amañar contratos y ayudas públicas entregadas por la Sociedad Estatal y empresas dependientes de ella que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifran ya en más de 750 millones de euros defraudados.

No en vano, los agentes asignados a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, bajo la batuta del juez Santiago Pedraz, cuantifican dicho importe en, al menos, de 6 a 8 operaciones, presuntamente irregulares, que se orquestaron entre los años 2021y 2023, de las que el grupo Hirurok habría cobrado importantes 'mordidas' que habrían sido canalizadas, fundamentalmente, a través de sociedades interpuestas como la propia Servinabar o Mediaciones Martínez.

Así las cosas, las pesquisas hablan del rescate de Tubos Reunidos, que ascendió a un total de 112,8 millones de euros, la operación más suculenta que habría proporcionado una comisión de cerca de 115.000 euros ; la ayuda de Sepides, empresas vinculada, a Arapellet del Grupo Forestalia, por valor de 17,32 millones de euros, a cambio de una supuesta comisión de 200.000 euros; la polémica inyección de la aerolínea Plus Ultra, que salpica al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de 53 millones de euros; el contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a la UTE Erri Berri-Afesa Medio Ambiente que ascendió 2,8 millones de euros; y, otros contratos menores como el de Mercasa a Servinabar; o, Enusa que supuso un pago al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes de hasta 17.500 euros.

Y es que cabe recordar que los tres presidentes que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha tenido durante las dos legislaturas de Pedro Sánchez, los tres están ya imputados. Son Vicente Fernández, Bartolomé Lora –actual vicepresidente– y, desde este pasado lunes, Belén Gualda, todos ellos nombrados por María Jesús Montero durante su etapa como vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda.

El holding estatal que participa mayoritariamente en 14 empresas, tiene una participación directa minoritaria en otras 10 e indirecta en más de un centenar, entre las que se encuentran gigantes como Indra, Redeia o Telefónica.

De ahí la relevancia de la reciente imputación de Gualda, por decisión del juez instructor Santiago Pedraz, dada su presunta intervención en varias operaciones. Incluyendo el polémico rescate, por 113 millones de euros, de Tubos Reunidos, compañía que se declaró el pasado cinco de mayo en concurso de acreedores, pese a haber recibido un importante impulso económico para garantizar su supervivencia.

Además, en el horizonte de la trama asoman, también, el rescate recibido por la compañía Air Europa, no tanto en el fondo del mismo, que no parece cuestionarse, sino en la forma en la que se obtuvo y las intervenciones que pudieron contribuir a agilizarlo, como denunció la empresaria Leonor González Pano quien, en el Supremo, durante las testificales del caso mascarillas, aseguró que el comisionista Víctor de Aldama le había confesado una visita junto a Koldo García Izaguirre a la casa de Javier Hidalgo, propietario de la aerolínea, para cobrar 500.000 euros en efectivo, como supuesto pago por las gestiones realizadas en Transportes para el rescate por valor de 475 millones de euros a la aerolínea, durante la crisis sanitaria.

Pero es que, además, las pesquisas dirigen hacia Duro Felguera, empresa que fue regada con nada menos que 120 millones de euros, en 2021, pese a que por aquel entonces ya se conocía que la Fiscalía investigaba a la mercantil, especializada en ingeniería y construcción industrial, por presunta de corrupción. Y es que, pese a incumplir el único requisito objetivo fijado por la UE para la recepción de fondos comunitarios, esto es: no constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019, la compañía obtuvo el favor de la SEPI, en marzo de 2021, durante la presidencia en funciones de Bartolomé Lora, tras la dimisión de Vicente Fernández, implicado en el caso Aznalcóllar. Tan solo unas semanas después asumiría el cargo la actual presidenta, ya investigada, María Belén Gualda.