El juez Pedraz imputa a la directora general de la Guardia Civil y a su director adjunto por sus reuniones con Leire

La Fiscalía Anticorrupción ha movido ficha y el juez Santiago Pedraz, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5 de la Audiencia Nacional, ha recogido el guante para imputar a la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González y al Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, como ayer mismo habían instado las acusaciones populares personadas en la causa de las 'cloacas' del PSOE.

Así las cosas, en el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso El Debate, recogido en la providencia posterior, la Fiscalía reclamaba que se citase a declarar a tres interesados -entre los que se encontraba el predecesor de González Leonardo Marcos que ha quedado momentáneamente descartado- dado que existen «indicios racionales» de que todos ellos se reunieron con la denominada 'fontanera' socialista Leire Díez y que de dichos encuentros se derivaron presuntas injerencias de los mandos policiales en la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, que investiga la corrupción del Gobierno.

Sobre la mesa del juez Pedraz las sospechas fundadas en evidencias de varios delitos de prevaricación, pertenencia o cooperación a organización criminal, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional y revelación de secretos por los que serán preguntados González y Llamas, en sede judicial, el próximo día 16 de julio.

Una comparecencia en la que Pedraz ha acordado preguntarles por su papel en el procedimiento en el que investiga una supuesta trama irregular que, supuestamente, buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La resolución, sin embargo, indica que no procede, sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias a practicar, citar como investigado al anterior director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, en la medida que la conducta descrita respecto de él per se no integra ningún tipo penal.

Pedraz ha aceptado, además, la práctica de otras diligencias solicitadas por la Fiscalía como requerir al Partido Socialista de Ferraz para que identifique a la persona que suscribió el contrato de asesoramiento jurídico con el abogado Jacobo Teijelo en las fechas en las que el propio letrado manifestó que era asesor jurídico de esta formación, entre los meses de octubre de 2024 y junio de 2055. El magistrado señala que se tendrán que indicar el cargo que ostentaba y el título habilitante o acuerdo en cuya virtud actuó en nombre de la formación para incorporar a Teijelo como prestador de servicios de consultoría.

Dicha diligencia deberá cumplimentarse «a través de persona designada con poder de representación del citado partido político una vez informado del derecho que le asiste a no facilitar ninguna información o documentación que pueda ser incriminatoria para dicha persona jurídica», según lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal.