La sentencia del hermano de Sánchez arrastra a un total de 9 funcionarios que cooperaron en su 'enchufe'

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado, este martes, a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y al socialista Miguel Ángel Gallardo, junto a otros nueve acusados, por un delito de prevaricación administrativa. La pena impuesta a todos ellos: nueve años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Gallardo, condenado por dos delitos, acumula dos penas de la misma cuantía en una sentencia que declara probado cómo el puesto creado para el músico en la Diputación de Badajoz, en 2016, se diseñó a su medida, se adjudicó mediante un proceso amañado y se transformó en 2022 bajo un falso «cambio de nomenclatura», amparado en un reglamento que jamás fue aprobado ni publicado de manera oficial.

Para ello, en el proceso que ha terminado con la carrera política del que fuera presidente de la Diputación de Badajoz y que ha llevado a la primera condena de un familiar de un presidente del Gobierno en activo en un proceso penal, intervinieron un total de nueve funcionarios más, que participaron en el enchufe del hermano músico de Sánchez.

Así las cosas, Elisa Moriano Morales y Cristina Núñez Fernández –ambas sin antecedentes penales– han sido declaradas autoras por «cooperación necesaria» del delito de prevaricación administrativa y condenadas, por lo tanto, a la pena de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, también durante nueve años. En el mismo sentido, Félix González Marcos, Juana Cinta Calderón Zazo, María Emilia Parejo Gala y Francisco Martos Ortiz, en base a los hechos probados.

Por su parte, Luis María Carrero Pérez, Ricardo Cabezas Martín y Manuel Candalija Valle también han sido encontrados culpables, el penúltimo de ellos como autor y el último por cooperación necesaria del mismo delito de prevaricación administrativa, en otra fase del proceso necesario para que cuajase la adjudicación irregular de la plaza creada a la medida de David Sánchez.

El papel de las acusaciones populares

Además, cabe recordar que, dado que la Fiscalía no formuló acusación, el resultado se ha obtenido exclusivamente gracias a las acusaciones populares, entre ellas Hazte Oír, personadas desde la fase de instrucción. Y, por ello, el tribunal ha impuesto a los condenados pagar, además, las costas correspondientes a las acusaciones populares.

En este sentido, el secretario y letrado jefe de la entidad, Javier M.ª Pérez-Roldán, ha subrayado que, mientras el Ministerio Público «no acusó, la sociedad civil sí. Sin acusación popular, hoy no habría condena: esto es exactamente lo que el Gobierno pretende suprimir».

Asimismo, apuntan al alcance del fallo y destacan que «la Diputación de Badajoz se convirtió en la agencia de colocación de la familia Sánchez: un puesto inventado, un proceso a medida y un sueldo público sin trabajo real».

Fuentes de la organización añaden que «Hazte Oír prometió llegar hasta el final y hoy cumple: defenderemos esta condena ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura frente a los recursos que vengan».

«Esta sentencia demuestra que las cloacas de Leire Díez, la directora de la Guardia Civil y el general Llamas fracasaron porque no contaron con la perseverancia de las acusaciones populares», han destacado varias de ellas.