El PP pregunta a Sánchez por qué mantiene una instrucción que la Junta Electoral considera contraria a la ley

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anule la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia para aplicar la denominada ley de nietos, después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya cuestionado su encaje legal. La dirigente popular asegura que nadie entiende por qué el Ejecutivo mantiene vigente una instrucción que, a su juicio, va más allá de lo aprobado por el Parlamento y que tiene un «impacto directo» en el censo electoral.

«Solo podemos pensar mal», ha afirmado Gamarra en una entrevista en RNE, al ser preguntada por las razones que llevan al Gobierno a mantener la aplicación de dicha instrucción pese a las objeciones formuladas por la JEC. La dirigente popular ha evitado acusar expresamente al Ejecutivo de intentar alterar el sistema electoral, pero ha insistido en que las nacionalizaciones derivadas de esta norma tienen consecuencias directas sobre el censo.

La polémica surge después de que la Junta Electoral Central solicitara a la Oficina del Censo Electoral un informe detallado sobre la aplicación de la conocida como ley de nietos y reclamara la elaboración de criterios precisos para determinar el municipio o provincia en el que deben quedar inscritos los nuevos ciudadanos españoles. El órgano electoral considera que la instrucción aprobada por Justicia podría ir más allá de lo autorizado por el Parlamento al extender la nacionalidad a supuestos no previstos inicialmente por la ley.

Gamarra ha recordado que fueron funcionarios de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) quienes llevaron el asunto ante la Junta Electoral Central al advertir de posibles problemas de inseguridad jurídica en la aplicación de la norma. A su juicio, la resolución adoptada por la JEC demuestra que existen dudas fundadas sobre la legalidad de la instrucción.

«Estamos hablando de ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, no de una barra de bar», ha señalado la dirigente popular para subrayar la relevancia del pronunciamiento del órgano electoral.

El PP ha solicitado formalmente la revisión de oficio y la nulidad de la instrucción. Mientras tanto, reclama al Gobierno que suspenda su aplicación o, al menos, que adopte las medidas necesarias para ajustarla al contenido exacto de la ley aprobada por las Cortes Generales.

Gamarra sostiene que la declaración del supuesto testaferro de Zapatero «dinamita» al Gobierno

Durante la misma entrevista, la dirigente popular también se ha referido a la comparecencia ante la Audiencia Nacional del empresario Julio Martínez, considerado por los investigadores una persona próxima al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y señalado en la causa que investiga el rescate de Plus Ultra.

Gamarra aseguró que las manifestaciones realizadas por Martínez y el escrito remitido previamente por su defensa «dinamitan» al Gobierno de Pedro Sánchez al apuntar directamente hacia la mediación de Zapatero en la operación. Según recordó, la defensa del empresario reconoce la existencia de una comisión del 1 % vinculada al rescate de la aerolínea.

«La pregunta es: tráfico de influencias sobre quién?», planteó la dirigente popular, quien sostuvo que las explicaciones conocidas hasta ahora obligan a esclarecer qué papel desempeñaron los distintos responsables públicos en una operación que, según dijo, «ningún español entendió» cuando se aprobó y que ahora empieza a arrojar nuevas incógnitas.