El juez aparca hasta septiembre la declaración preferente de las hijas de Zapatero y los testigos propuestos por las acusaciones

Habrá que esperar hasta el mes de septiembre para conocer el calendario de comparecencias y testificales previstas por el juez José Luis Calama, en el marco de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ellas, la declaración preferente de las dos hijas del ex presidente del Gobierno, Alba y Laura, a las que el testaferro de la trama, el empresario Julito Martínez Martínez, reconoció, en su interrogatorio de este martes, haber estado pagando mensualidades de 5.000 euros, durante varios años, por trabajos de maquetación de los informes de la sociedad Análisis Relevante, la empresa empleada por Zapatero para cobrar un 1% de comisión del rescate de Plus Ultra, enmascarado bajo la apariencia de informes de consultoría.

El magistrado considera poco creíble, como ya manifestó durante el interrogatorio a Zapatero, que alguien pagase una cantidad tan elevada por una prestación de servicios que, hasta la fecha, no ha quedado acreditada y, por ello, llamará a las dos jóvenes de manera preferente, como parte de las diligencias previstas sobre Whathefav, la agencia de su propiedad. Cabe recordar que ya en los informes presentados por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) quedó acreditado cómo el exlíder socialista tenía firma en las cuentas bancarias asociadas a la misma.

De hecho, los mismos atestados policiales apuntaron cómo, al margen de su actividad real, Whathefav pudo operar como una entidad instrumental que permitió a Zapatero canalizar los beneficios resultantes del presunto delito de tráfico de influencias que se le atribuye.

Será a partir de entonces, también, cuando se valore la posibilidad de solicitar, bien por parte de la Fiscalía Anticorrupción o de las acusaciones populares, personadas en el procedimiento, la adopción de medidas cautelares contra los principales imputados. Una cuestión de la que no se ha hablado hasta el momento.

Así las cosas, además de Alba y Laura, las hijas de Zapatero, y tras las novedades incorporadas al caso, durante la declaración de Julito Martínez ante el juez, la Acusación Popular Unificada ha insistido en la necesidad de practicar pruebas adicionales. Entre ellas, las testificales de Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes; José Luis Escrivá, exministro de Inclusión y Seguridad Social; y la cúpula de la SEPI en la fecha del rescate, junto a su equipo técnico evaluador.

Pero, además, el interrogatorio de los exministros que formaban parte del Consejo de Ministros que aprobó la ayuda y que ya no forman parte del Gobierno actual. En especial, el de María Jesús Montero, como titular de la cartera de Hacienda en la fecha de la inyección de los 53 millones de euros aprobados a Plus Ultra.

También, la reclamación de los registros oficiales de las visitas de La Moncloa y del Ministerio de Transportes, en las fechas más críticas.