Sánchez recurre el archivo de la lona que le llamó «corrupto» para que el TC de Conde-Pumpido decida si es delito

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez no se ha conformado con el archivo de la denuncia que presentó contra la lona de Hazte Oír que le llamó «corrupto», frente al Congreso de los Diputados. Por ello, ha instado un incidente procesal para que se declare la nulidad del Auto correspondiente, alegando que el mismo incurrió en una «incongruencia omisiva y falta de motivación respecto» de la posible comisión de un delito contra la integridad moral (artículo 173.1 del Código Penal) y/o de coacciones, con vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española.

Según ha podido confirmar El Debate, que ha tenido acceso al documento, éste sería el paso previo para que el Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde-Pumpido, se encargue del asunto y determine, en último término, si dicha campaña de comunicación fue lesiva contra su imagen como jefe del Ejecutivo.

Cabe recordar que fue el pasado mes de febrero cuando se decretó el cierre del caso, subrayando que la imagen desplegada contra Sánchez era una acción que debía enmarcarse dentro de la «crítica política» sin que, por ello, pudiese entenderse una incitación al odio contra el secretario general del PSOE.

Sin embargo, ya entonces los socialistas anunciaron que se opondrían a la decisión de la jueza al entender que, en contra de su criterio, dicho acto sí promovía «la violencia y el odio» al ser un «señalamiento público» contra el presidente del Gobierno. Ahora, además, añade en el escrito consignado en sede judicial que tanto la resolución inicial, en sí misma, como la negativa posterior a corregirla a través del rechazo de un recurso de reforma interpuesto contra aquella, en el que según la visión de Sánchez no se atendieron las peticiones del Ministerio Fiscal -que se opuso al cierre- le provocó «indefensión».

El presidente del Ejecutivo pide que «se retrotraigan las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior» al auto de archivo, de 11 de febrero de 2026, y que se olbigue al Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid a pronunciarse de nuevo, contemplando la práctica de las diligencias de investigación pendientes: «incorporación del reportaje fotográfico de la policía científica, toma de declaración como investigado» de uno de los sospechosos de impulsar el despliegue de la lona y «oficio a la Brigada Provincial de Información para la identificación» del resto de los responsables.

En el caso de que esta vía desemboque en el mismo resultado, entonces, Sánchez ya podría dirigirse al Constitucional para que le ampare, si es que fuese necesario, en la protección de sus derechos fundamentales.