El gran eclipse del sanchismo: quién es quién en sus múltiples tramas de corrupción

El pasado miércoles 12 de agosto España vivió un eclipse histórico que oscureció gran parte del país. A su vez, en los últimos meses el goteo de condenas, informaciones e investigaciones que revelan las resoluciones judiciales y los informes policiales cercan –y eclipsan– cada vez más al Gobierno de Pedro Sánchez, que aboga por continuar pese al reclamo cada vez más fuerte de elecciones generales, también entre las filas de su propio partido. Son muchos los nombres propios que aparecen en esas informaciones e investigaciones sobre las presuntas tramas de corrupción que se siguen en los tribunales.

Santos Cerdán

Fue secretario de Organización del PSOE y diputado de este partido por Navarra hasta el año pasado, cuando dimitió y dejó el acta tras un demoledor informe de la UCO que desvelaba la trama de mordidas que este mantenía con José Luis Ábalos y Koldo García.

Se le investiga en dos causas: una que se sigue sobre los presuntos amaños de contratos públicos, y en la que está imputado por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias, y otra sobre la presunta financiación irregular del PSOE a las 'cloacas' del partido, en la que se le ha imputado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental, prevaricación y delito contra las instituciones del Estado.

Gaspar Zarrías

Exdirigente del PSOE andaluz, desempeñó cargos destacados en la Junta de Andalucía, fue secretario de Estado y diputado y renunció al acta en 2015, cuando el Supremo solicitó el suplicatorio para investigarlo en el caso de los ERES. Fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación en esta trama de corrupción. Si bien, el Constitucional admitió su recurso de amparo y anuló esa condena en 2024.

En su día declaró que contrató a Leire Díez en 2024 para indagar en la posible relación del excomisario José Manuel Villarejo con el procedimiento de los ERE y sostuvo que el PSOE no tuvo relación con esa contratación; un auto de Pedraz apunta a que se utilizó una sociedad suya para canalizar cuatro pagos de 4.000 euros del PSOE a Díez.

Leire Díez

Conocida como 'la fontanera' de Ferraz, fue concejala socialista en Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015, jefa de comunicación en la empresa pública Enusa entre 2018 y 2021 y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos entre 2022 y 2024. Dejó el PSOE en junio del año pasado después de ser citada en la sede nacional de los socialistas para explicar unos audios en los que se le escuchaba pedir información comprometedora sobre miembros de la UCO de la Guardia Civil.

Según la investigación de la Audiencia Nacional, formaba parte de una trama junto a Santos Cerdán para «obstaculizar de forma sistemática y continuada» procedimientos judiciales o actuaciones policiales que pudieran perjudicar al PSOE o al Gobierno. También es uno de los pilares sobre los que pivota la conocida trama SEPI, que ha provocado la imputación de la presidenta de este ente público, Belén Gualda.

Juan Manuel Serrano y Juan Francisco Serrano

El magistrado Pedraz ve indicios de colaboración de ambos en la trama de las cloacas y la financiación ilegal del PSOE, ya que ejecutaron «concretos y aislados actos en auxilio a su ilícito plan». Según las pesquisas, participaron en la primera reunión que Cerdán mantuvo con Díez en Ferraz el 26 de abril de 2024. Juan Manuel Serrano fue jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018 y presidente de Correos. Y Juan Francisco Serrano fue mano derecha de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE, y es actualmente miembro de la Ejecutiva y diputado por Jaén.

Ana Fuentes

Gerente del PSOE desde 2021, antes fue responsable de la oficina de cumplimiento normativo del partido y diputada por Málaga, entre otros cargos. Pedraz ve indicios de su responsabilidad, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos que investiga y, en todo caso, aprecia un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas «mendaces» que permitían transferir fondos a Díez.

En junio de 2025 Pedro Sánchez la incorporó al equipo provisional que asumió la Secretaría de Organización del partido tras la salida de Santos Cerdán. El presidente del Gobierno la defendió y aseguró que «ha llevado las cuentas del PSOE de manera escrupulosa».

Javier Pérez Dolset

Empresario vinculado al sector tecnológico y de contenidos digitales, en 2017 fue detenido y la Audiencia Nacional le investiga por delitos como insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones y tráfico de influencias. Ha reconocido que ha colaborado con Leire Díez en diversas investigaciones, y la investigación judicial recoge varias reuniones de ambos, entre ellas la primera cita que mantuvieron en la sede del PSOE en 2024. Según el juez, el PSOE llegó a abonarle un viaje a Zaragoza con el objetivo de mantener una reunión acompañado de Díez.

José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama –en el marco del caso Plus Ultra– por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, también están siendo investigadas, como administradoras de la empresa Whathefav, consultora digital, que según los informes policiales, sería uno de los principales beneficiarios finales de los ingresos de la presunta trama. En su despacho se encontraron joyas por valor de 1,3 millones, aunque el pretextó que no tenía «afán patrimonial».

Gertrudis Alcázar

Gertrudis Alcázar fue secretaria de la oficina de Zapatero, y, según los informes policiales, «quien ejecutaría las órdenes directamente dictadas por éste», y era al parecer la encargada de la «elaboración y cobertura formal de la documentación».

Vicente Fernández

Presidente de la SEPI hasta 2019, pero, según la UCO, este miembro de la trama Leire ejerció «de facto» como el máximo representante de esta sociedad incluso un año después de su dimisión. «Se ha constatado su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones a otros directivos», manifestó el Instituto Armado. Además, según las pesquisas, cobró 132.500 euros de Tubos Reunidos, empresa que fue rescatada por el Gobierno con 112,8 millones.

Julio Martínez Martínez y Julio Martínez Sola

Conocido también por su entorno como «Julito», Julio Martínez Martínez es una persona de confianza del expresidente Zapatero. Es empresario y dueño de la empresa Análisis Relevante. De acuerdo con los informes policiales ocupa un lugar clave en la trama del caso Plus Ultra. En concreto, la Policía le sitúa como «receptor y ejecutor de órdenes» del expresidente del Gobierno en esa red relacionada por el rescate a la aerolínea.

Por su parte, Julio Martínez Sola es el dueño de la aerolínea Plus Ultra, y está también imputado en el caso. En los informes policiales figura una conversación entre él y Zapatero 10 meses antes del rescate de la aerolínea. El accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes le dijo a Martínez Sola que había «conseguido» acceder al expresidente a través de Manuel Aarón Fajardo.

José Luis Ábalos

Exministro de Transportes hasta 2021, cuando fue cesado, y exsecretario de Organización del PSOE. El Tribunal Supremo le condenó en junio a 24 años y tres meses de prisión por la corrupción de la trama de las mascarillas. Para el tribunal quedaron probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

Koldo García

Trabajó en el Ministerio de Transportes entre de 2018 y 2021, primero como asesor personal del exministro José Luis Ábalos, desde finales de 2019 como consejero de Renfe Mercancías y posteriormente como vocal del Consejo Rector del Organismo Público de Puertos del Estado. Condenado en junio a 19 años y ocho meses de cárcel al formar parte de la «organización criminal» que encabezó Ábalos.

Víctor de Aldama

El comisionista del caso mascarillas fue castigado por el Alto Tribunal a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia. No obstante, suspendió la entrada de Aldama en prisión por su colaboración y con la condición de que no delinca y haga un año de trabajos comunitarios.

Begoña Gómez

La mujer del presidente del Gobierno está a la espera de juicio –que se hará mediante un tribunal jurado– por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Peinado acordó abrir diligencias en abril de 2024, y desde entonces han salido a la luz diferentes actividades que han acabado con su procesamiento.

Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés

Es la asesora de Begoña Gómez. Será juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación y sólo en relación con el supuesto desvío del 'software' de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Juan Carlos Barrabés es un empresario cercado a Gómez que está siendo investigado en el caso Begoña en lo relativo «a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos». Fue profesor del máster que codirigía la mujer de Sánchez y adjudicatario de una serie de contratos públicos. Según declaró en su día, se reunió varias veces con Begoña Gómez en la Moncloa y en dos de esas citas estuvo presente el presidente del Gobierno.

David Sánchez

También conocido por su nombre artístico, David Azagra, es el hermano del presidente del Gobierno. La Audiencia Provincial de Badajoz le condenó en julio –como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa por su enchufe en la Diputación de Badajoz– a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. En la sentencia, el juez establece que son «múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa» que permiten inferir «con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón», que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo «ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz», para la creación de la plaza que posteriormente se adjudicó al hermano de Pedro Sánchez.

Miguel Ángel Gallardo

También fue condenado el mes pasado –en el caso hermanísimo– como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

El que fuera secretario general del PSOE de Extremadura desde marzo de 2024 hasta el pasado diciembre, concurrió como cabeza de lista en las pasadas elecciones extremeñas, y tras la debacle electoral, dimitió como líder de los socialistas en esta región y pocos días después también renuncio a su escaño, perdiendo así el aforamiento.