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Imagen de las papeletas de las elecciones generales de 2023Europa Press

La ley de nietos dispara más de un 30 % el censo de extranjeros que votan en Madrid y el PP pide explicaciones

La normativa vigente obliga a inscribirse al solicitante en el municipio de su último domicilio en España o, de no haber residido nunca, con el que tenga un «mayor arraigo»

El censo electoral y su manipulación están siendo una de las cuestiones que en los últimos tiempos más se han puesto de relieve desde la oposición a la espera de que, a mucho tardar en julio de 2027, España se enfrente a unas nuevas elecciones generales. Desde el Partido Popular señalan que el número de votantes que residen fuera de nuestras fronteras se ha incrementado desde 2023 en 2.736.522, destacando de manera sobrerrepresentada el caso de Madrid, donde actualmente hay inscritos casi medio millón de votantes del exterior, 141.815 que en las últimas generales.

Estas cifras del voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) han llevado a los 'populares' a preguntar al Gobierno en el Senado por la anomalía que supone que Madrid haya incrementado más de un 30 % los votantes de más allá de nuestras fronteras mientras que en provincias como la gallegas, tierra marcada por una diáspora muy elevada, esta cifra no llega al 10 %.

Una de las razones que aparentemente podrían estar detrás de esta diferencia en el reparto del voto exterior entre las circunscripciones electorales podría ser un punto de la normativa el cual permite que aquellos ciudadanos con nacionalidad española pero que no hayan residido dentro de nuestras fronteras se deben inscribir en el municipio de mayor arraigo suyo o de alguno de sus ascendientes. Este arraigo, casi imposible de demostrar y aún más difícil de comprobar por parte del Estado abre la puerta a poder elegir de manera arbitraria el lugar de votación de los españoles que nunca han residido en España.

Al ser Madrid la provincia en la que más votos se necesitan para obtener un escaño, podría dar la apariencia de que este aumento del censo extranjero adscrito a la capital reduce su impacto en los resultados de las elecciones, pero nada más lejos de la realidad. En las últimas elecciones generales, las celebradas el 23 de julio de 2023, el único escaño de que se modificó tras el recuento del voto CERA fue precisamente el de Madrid. De hecho, ese escaño que le ganó el Partido Popular a los socialistas movió la balanza de fuerzas izquierda-derecha en el Congreso de los Diputados y provocó que la abstención de Junts no fuera suficiente para el PSOE y que los de Puigdemont tuvieran que votar 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez.

Las preguntas de los 'populares'

Entre las cuestiones que el Partido Popular plantea al Gobierno, además de pedir explicaciones sobre el desproporcionado aumento del voto CERA en Madrid respecto a otros territorios, se encuentran algunas sobre el origen de las personas que se incorporan al censo en el extranjero: «¿Qué porcentaje de las nuevas inscripciones en el CERA de Madrid desde enero de 2022 deriva de expedientes de adquisición de la nacionalidad tramitados al amparo de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática?».

Ante las dudas en la revisión del arraigo, el PP también pregunta al Gobierno si existe un «protocolo homogéneo para garantizar que la asignación del municipio de inscripción» de los solicitantes se realiza conforme «a los criterios de residencia o arraigo previstos en la normativa».

Dudas en la gestión

Del mismo modo, los 'populares consideran «especialmente preocupante» la decisión del Ejecutivo de subcontratar la gestión de estos expedientes «a empresas externas como INECO y la empresa pública de la dictadura cubana PALCO, en lugar de reforzar la red consular».

«Esta externalización de funciones públicas esenciales, sumada a la falta de controles, y a la aplicación de una Instrucción manifiestamente ilegal -la cual firmó la hermana del ministro Óscar Puente-, ponen en duda la neutralidad del proceso y dejan en una situación de indefensión legal a los funcionarios que deben aplicar estas directrices», manifiestan desde el partido de Feijóo.

Así las cosas, el Partido Popular asegura «querer saber cuántos españoles en el exterior están llamados a votar, cómo se ha construido ese censo, dónde están inscritos y qué controles existen para garantizar su integridad».