El Supremo da diez días al Gobierno para explicar por qué se negó a comparecer ante el Senado

El Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso en el conflicto entre el Gobierno y el Senado por las comparecencias reclamadas al Ejecutivo. La Sala ha acordado tramitar por el procedimiento ordinario la petición de medidas cautelares presentada por los senadores del Grupo Parlamentario Popular y dará audiencia a la Abogacía del Estado, que dispondrá de diez días para presentar alegaciones.

De este modo, el Ejecutivo tendrá ahora que explicar ante el Alto Tribunal las razones por las que decidió no atender las comparecencias que habían sido convocadas por el Senado. El debate jurídico y constitucional planteado por los senadores populares continúa, por tanto, abierto.

Diez días para responder

La consecuencia inmediata del auto es que el Gobierno tendrá que comparecer ahora, aunque sea ante el tribunal y no ante la Cámara Alta, para defender jurídicamente su decisión de no acudir a las comparecencias reclamadas por los senadores. La Abogacía del Estado dispondrá de diez días para presentar sus alegaciones y será entonces cuando el Ejecutivo pueda exponer ante el Supremo los argumentos con los que pretende justificar su negativa a atender las solicitudes del Senado.

El PP sostiene que esa cuestión afecta directamente a las relaciones entre el Ejecutivo y las Cortes Generales y a la función de control parlamentario. Los senadores populares consideran que un Gobierno no puede decidir unilateralmente qué Cámara puede ejercer ese control, cuándo debe hacerlo o bajo qué condiciones. «El Gobierno no elige quién le controla», ha reiterado el Grupo Parlamentario Popular, que presenta esta cuestión como una regla básica del funcionamiento democrático.

El auto conocido este sábado deja claro que la decisión adoptada se limita a determinar cómo debe tramitarse la solicitud de medidas cautelares. El tribunal no resuelve todavía el fondo del recurso ni anticipa cuál será su decisión posterior. Tampoco prejuzga, según el PP, cuestiones relativas a la jurisdicción, la competencia o la admisibilidad del procedimiento. El proceso continuará ahora con la audiencia al Gobierno y, una vez conocidas sus alegaciones, el Supremo tendrá que decidir sobre la petición cautelar planteada por los senadores.

La diferencia entre ambas vías resulta relevante, ya que el PP había solicitado que se adoptara una medida cautelarísima, lo que habría permitido al tribunal pronunciarse con carácter inmediato y sin escuchar previamente al Ejecutivo. El Supremo ha descartado esa fórmula excepcional y ha optado por el procedimiento ordinario, en el que el Gobierno dispone ahora de un plazo para defender su posición.