Los grandes enigmas criminales de España (VI): Cristina Bergua, la joven cuya desaparición cambió las leyes

La tarde del 9 de marzo de 1997, Cristina Bergua Vera, una estudiante de dieciséis años que vivía con sus padres en Cornellà de Llobregat (Barcelona), salió de casa para reunirse con su novio, Javier Román, diez años mayor que ella. Había contado a varias amigas que quería poner fin a una relación que consideraba asfixiante y marcada por los celos, y aquel domingo había decidido hacerlo de una vez por todas. Debía regresar antes de las diez de la noche, como hacía siempre, pero nunca volvió. Han pasado casi tres décadas desde entonces y nadie ha logrado esclarecer qué ocurrió durante aquellas horas.

Los padres de Cristina comenzaron a inquietarse cuando comprobaron que la joven no regresaba a casa y, sobre todo, porque aquello no encajaba con su forma de ser. Era una chica puntual, responsable y acostumbraba a llamar por teléfono siempre que iba a retrasarse, así que, mientras su madre telefoneaba a amigas y conocidos para averiguar si alguien sabía dónde estaba, su padre acudió a una comisaría para denunciar la desaparición. Allí recibió una respuesta que hoy resultaría impensable, y es que debía esperar veinticuatro horas antes de presentar la denuncia. Solo al hablar con los amigos de Cristina descubrieron que aquella tarde había ido a casa de Javier Román con la intención de romper la relación.

El hermano de la joven acudió inmediatamente al domicilio del novio para preguntarle si sabía algo de ella. Javier explicó que habían pasado la tarde juntos y que, alrededor de las nueve de la noche, la había dejado en la carretera de Esplugues, a escasos minutos caminando de la vivienda familiar. Según su versión, Cristina continuó el trayecto sola y él regresó a casa. Esa declaración, que mantendría prácticamente invariable durante toda la investigación, lo convirtió desde el primer momento en la última persona que reconocía haber visto con vida a la joven.

Cuando la Policía aceptó finalmente la denuncia al día siguiente, la investigación comenzó a centrarse en reconstruir los movimientos de ambos durante aquella tarde. Los agentes buscaron testigos en la carretera donde Javier aseguraba haber dejado a Cristina, revisaron el entorno y trataron de verificar su relato, pero nadie pudo confirmar que la adolescente hubiera pasado por allí. Al mismo tiempo, familiares, vecinos y amigos llenaron Cornellà y buena parte del área metropolitana de Barcelona con carteles de búsqueda, mientras el caso empezaba a ganar repercusión.

La presión mediática aumentó todavía más tres meses después, cuando Javier Román aceptó acudir al programa Cas Obert, de TV3, para defender públicamente su inocencia. Los investigadores aprovecharon aquella entrevista para analizar cuidadosamente sus reacciones, mientras el joven sostenía que Cristina podía haberse marchado voluntariamente, insinuaba incluso la posibilidad de que hubiera viajado a Andorra y llegaba a deslizar que el problema podía encontrarse en el ámbito familiar. El momento más recordado llegó cuando Luisa Vera, madre de Cristina, intervino por teléfono en directo para preguntarle por un moratón que su hija llevaba días antes de desaparecer. Javier respondió que se trataba de un chupetón, pero la madre lo negó inmediatamente y aseguró que había sido ella misma quien le había puesto hielo porque a Cristina le dolía la mejilla al tocarla.

Javier fue interrogado hasta en seis ocasiones y la Policía registró tanto la zona donde aseguraba haber dejado a la joven como su propia vivienda. En el domicilio no aparecieron restos biológicos de Cristina, aunque los investigadores descubrieron que el patio del inmueble conectaba directamente con la red de alcantarillado y recorrieron varios kilómetros de galerías subterráneas en busca de cualquier indicio. Paralelamente, la familia contrató a un investigador privado que elaboró un informe en el que descartaba prácticamente una fuga voluntaria y sostenía que Javier tenía relación directa con la desaparición, llegando incluso a señalar una zona boscosa conocida como La Emisora como posible lugar donde podría encontrarse el cuerpo. Los registros tampoco dieron resultado.

Cuando la investigación parecía haber llegado a un punto muerto, una carta anónima enviada a la comisaría abrió una nueva línea de trabajo. En el sobre solo podía leerse la palabra «AYUDA» y, en su interior, alguien afirmaba que Cristina había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a los contenedores de basura de Cornellà. Aquella información llevó a la Policía a iniciar una compleja búsqueda en el vertedero del Garraf, donde durante varios días se removieron miles de toneladas de residuos con un coste que superó los cien millones de pesetas. La Generalitat decidió financiar la continuación de las labores, pero los técnicos comprobaron que la basura correspondiente precisamente a la semana de la desaparición había quedado enterrada a más de treinta metros de profundidad, lo que hacía prácticamente imposible acceder a ella con los medios disponibles entonces. La búsqueda terminó suspendiéndose sin encontrar ninguna prueba.

A lo largo de los años siguieron llegando llamadas, cartas y nuevos anónimos que nunca pudieron verificarse. En 2015, por ejemplo, un correo electrónico señalaba una zona próxima al delta del Llobregat como posible lugar donde buscar, pero el remitente había utilizado servidores ocultos que impidieron identificar su origen y la información resultó demasiado imprecisa para reactivar la investigación. Cristina fue declarada oficialmente fallecida en 2017, aunque los Mossos d'Esquadra mantuvieron el caso abierto a la espera de que futuros avances tecnológicos o nuevas coincidencias de ADN permitieran obtener alguna pista.

Pese a todo, la desaparición de Cristina terminó provocando consecuencias que fueron mucho más allá de su propio caso. Sus padres, Juan Bergua y Luisa Vera, decidieron convertir la búsqueda de su hija en una reivindicación permanente para mejorar la atención a las familias de desaparecidos. Fundaron la asociación Inter-SOS, reclamaron durante años una mayor coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y denunciaron públicamente la ineficacia de protocolos como el que obligaba a esperar veinticuatro horas para formalizar una denuncia, una práctica que acabaría desapareciendo. Su insistencia también contribuyó a impulsar la creación del actual Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y a que el Congreso declarara el 9 de marzo, fecha de la desaparición de Cristina, como Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente.