¿Y si el cisne negro es Sánchez?

El Gobierno reduce a una crisis migratoria lo que es una crisis de seguridad nacional. Obvia que ya ha convertido Ceuta en un polvorín social, político y constitucional que obliga a hacerse una pregunta que hasta hace poco habría parecido delirante. Hay cinco claves:

Primera. La ley obliga a convocar. Lo que no prevé es qué hacer si el presidente no lo hace.

El artículo 68 de la Constitución establece que el Congreso dura cuatro años, que el mandato de los diputados termina al cumplirse ese plazo y que las elecciones deben celebrarse entre los 30 y los 60 días siguientes. No hay prórroga ordinaria posible. La LOREG va todavía más lejos: si el presidente no adelanta las elecciones, el decreto de convocatoria debe expedirse exactamente 25 días antes de que expire el mandato y las elecciones se celebran 54 días después.

Solo una persona tiene la llave: las elecciones generales se convocan mediante Real Decreto, a propuesta del presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad y con su refrendo, previa deliberación del Consejo de Ministros.

La Constitución obliga a celebrar elecciones. La LOREG fija incluso el momento en que debe expedirse el decreto de convocatoria. Pero todo el mecanismo parte de una premisa que el legislador dio por supuesta: que el presidente del Gobierno cumplirá. ¿Y si no lo hace?

El Rey no puede sustituirlo por su cuenta. La Junta Electoral Central tampoco. Y el presidente del Congreso sólo puede ocupar el lugar del presidente del Gobierno como refrendante en un caso que la Constitución sí previó expresamente: cuando pasan dos meses sin conseguir una investidura, el artículo 99.5 activa la disolución y nuevas elecciones. Es decir, cuando el constituyente quiso prever un bloqueo, creó una salida. Para una negativa del presidente a convocar al agotarse los cuatro años, no dejó una salida automática equivalente.

Habría tribunales, recursos y una crisis constitucional sin precedentes. Pero no existe una norma que diga: «Si el presidente no firma, firma automáticamente otro». La Constitución nos dice cuándo hay que votar. La LOREG dice el día exacto en que hay que activar las elecciones. Y la ley señala al presidente que debe hacerlo. Lo que no dice es quién lo sustituye si decide incumplir.

Segunda. Hay que preguntarse por qué el Gobierno ha convertido Ceuta en un polvorín. En pleno verano y Sánchez se va a cuerpo de rey a La Mareta dejándonos una playlist y observa la invasión durante 26 días la crisis desde su perímetro de seguridad y un protegido por un dispositivo, ambos muy superiores al que tenía la ciudad que debía defender.

Todo Ceuta ocupa apenas 20 kilómetros cuadrados. En ese espacio, viven más de 83.000 personas indefensas que ahora tienen que soportar durante meses a miles de llegados de golpe mientras devoluciones, expulsiones, solicitudes y traslados avanzan a velocidad de tortuga. La violencia ya ha escalado. En la madrugada de ayer, en Benzú, un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó un vehículo del Ejército, lo apedreó con piedras de grandes dimensiones e hirió a cuatro militares, que tuvieron que abandonar a pie indefensos. Doce personas fueron detenidas. Asociaciones de militares denuncian que los soldados desplegados carecen de un marco legal y medios ni para protegerse a sí mismos.

El relato de la crisis migratoria no se tiene en pie. Es una crisis de seguridad. La presión sobre los servicios públicos, espacios comunes y la convivencia aumenta cada hora. Solo hay una certeza: cuanto más tarde en resolverse, más peligroso será.

Tercera. El CNI alertó. El Gobierno no actuó. Margarita Robles reconoce en el Congreso que los servicios de inteligencia seguían las convocatorias que circulaban antes del asalto: Facebook con grupos de más de 180.000 personas, otros en WhatsApp y TikTok amplificaron después las imágenes de los cruces. Marlaska dice simultáneamente que nadie avisó. Quiere que creamos que una multitud apareció espontáneamente ante la frontera cinco minutos antes. ¿Por quién nos toman?

Entre tanto, objetivo cumplido: el Gobierno crea una polémica basada en una guerra semántica, desvía la atención y desaparece la pregunta esencial: si sabían que aquello se estaba preparando, ¿por qué no lo impidieron?

Cuarta. No es verosímil que estemos ante una monumental cadena de incompetencias. Esa sería, paradójicamente, la explicación tranquilizadora. Que nadie entendió nada. Que nadie conectó los datos. Que nadie imaginó las consecuencias. Que los servicios de inteligencia observaban grupos con decenas de miles de usuarios, pero nadie comprendió lo que podía ocurrir. Cada día resulta más difícil aceptar que todo sea producto de la casualidad, la torpeza y las vacaciones. Sobre todo, cuando hablamos de Pedro Sánchez.

Un presidente que ha demostrado que su límite político se desplaza cada vez que su permanencia en La Moncloa está en juego. Cuando necesitó los votos de Junts para conservar la presidencia, apareció la amnistía. No pudo ser más claro. Él mismo explicó meses después qué había cambiado: «Lo que ha pasado es el 23-J».

Lo que ayer era una línea roja, mañana es «hacer de la necesidad virtud». Un antecedente aterrador que ha invertido los estándares éticos de la democracia española ante el enfado de muchos y el aplauso de las rapiñas del poder. La amnistía era imposible antes del 23-J. Después, fue imprescindible. No es mentir: es cambiar de opinión.

Quinta. Ceuta no tiene que ser el cisne negro. Un cisne negro es aquello que nadie contempla porque parece demasiado improbable. ¿Y si el cisne negro es Sánchez? No estoy afirmando que el Gobierno provocara el asalto a Ceuta. No hay pruebas para afirmarlo. Ni que Sánchez tenga un plan para impedir unas elecciones. Tampoco las hay. Estoy diciendo algo mucho más sencillo: es obligado hacerse las preguntas antes de que llegue el momento de necesitar la respuesta.

¿Qué ocurriría si España alcanzara el final de la legislatura en medio de una crisis grave de seguridad nacional? Esta es la pregunta que ya se hicieron hace un tiempo en una importante institución del Estado ante la deriva autocrática de un presidente que Gobierna sin el Parlamento y acorralado por la corrupción. Ahora añadamos: ¿qué ocurriría si Ceuta siguiera ardiendo? ¿Si volviera a abrirse la frontera? ¿Si la tensión con Marruecos escalara? ¿Si hubiera disturbios? ¿Y si, llegado el día en que la ley obliga a activar las elecciones, el presidente no lo hiciera?

La respuesta de esos juristas está en nuestro ordenamiento jurídico y es tan inquietante como perturbadora teniendo en cuenta en manos de quién estamos: ese supuesto no está expresamente previsto. Es legítimo pensar que todo esto no es más que una hipótesis disparatada. Quizá Ceuta vuelva pronto a la normalidad. Quizá nunca tengamos que comprobar hasta dónde puede tensarse nuestra arquitectura constitucional. Ojalá.

El legislador previó el bloqueo de una investidura. No previó el bloqueo del hombre que tiene que convocar las urnas. Hay capítulos de Black Mirror que empiezan exactamente así: con alguien planteando un escenario imposible, con todos riéndose de la pregunta y con una pantalla negra al final recordándonos que lo imposible solo lo era hasta que alguien decidió probarlo.