Ester Muñoz pregunta al Gobierno si su apoyo a Marruecos tiene que ver con el hackeo de móviles al Ejecutivo

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha apuntado hoy que el respaldo que muestra el Gobierno continuamente sobre la actuación de Marruecos en la crisis de Ceuta puede tener que ver con la información que tiene el Ejecutivo del país vecino tras el hackeo a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa y del Interior, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska.

Así lo ha denunciado hoy la dirigente popular durante una entrevista en Tele 5, en la que ha preguntado retóricamente hasta qué grado el Gobierno está sometido a Marruecos y si eso tiene que ver «con la información que tienen tras el hackeo de los móviles del Gobierno».

Para Muñoz, es un «insulto a la inteligencia de los españoles» el interés que demuestra el Ejecutivo por exculpar a Marruecos de la entrada en Ceuta de 80.000 inmigrantes. «Todos sabemos que lo que ha pasado el 30 de julio no fueron 70.000, 80.000 personas que de repente por redes sociales se pusieron de acuerdo para entrar en España», ha exclamado.

Y es precisamente eso, ha añadido la Portavoz, lo que está preguntando el PP al Gobierno después de que también hoy, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska haya vuelto a ensalzar a Marruecos y a agradecer su colaboración para solucionar la crisis inmigratoria en Ceuta.

Ante el dato aportado por el titular de Interior de unos 5.000 marroquíes que aún continúan en la ciudad autónoma, Ester Muñoz ha criticado que el Ejecutivo no sabe, un mes después de la «invasión», la cifra exacta «por que no quiere», dado que cuenta con los medios para saberlo y no los ha utilizado. «Tienen todas las herramientas. No puede ser que un mes después no lo sepan», ha espetado Muñoz.

De hecho, la portavoz popular ha culpado al Gobierno de intentar crear un relato «que no se cree nadie» y ahora, ha dicho, lo último que están intentando es buscar culpables, culpando a los ceutíes al llamarles «radicales y nazis» en lugar de «hacer autocrítica». Por ello, cree que es «normal» que los habitantes de Ceuta se sientan «abandonados» después de que su ciudad haya sido «tomada».

«Gamberrismo institucional»

Muñoz también ha respondido al ministro de Industria, Arcadi España, quien ha acusado al PP de «gamberrismo institucional». En su opinión, el gamberrismo institucional es «tener todas las capacidades del Estado e irte de vacaciones y no solucionar el problema».

Ahora, ha apuntado, el Ejecutivo vuelve de vacaciones y «llama culpable a todo el mundo». Dicho esto, ha explicado que cuando se vive en sociedad, los ciudadanos asumen que el uso de la «fuerza controlada la tiene el Estado» y que «la justicia la imparte el Estado en nombre de los ciudadanos».

Esto, ha argumentado, hace que los ciudadanos no se tomen la justicia por su mano, ni ejerzan la violencia para defenderse. El problema, ha advertido, es que Ceuta, durante muchos años «ha sentido que el Estado no está» y ha culpado al Gobierno de que eso ocurra porque «no ha ejercido sus funciones y responsabilidades».

Muñoz enmarca el respaldo de Moncloa a Marlaska, frente a la afirmación de Margarita Robles de que el CNI informó con antelación de la «invasión», en el relato que está intentando crear el Gobierno de «no tener responsabilidad».

Sin embargo, ha advertido de que «todos los españoles» son conscientes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía la información y además, ha apuntado que desde 2021 tres informes que advertían de que podía ocurrir lo que pasó el 30 de julio en Ceuta. De hecho, recuerda que Sánchez prometió que no volvería a pasar algo como la invasión de niños que se produjo en la ciudad autónoma.

La portavoz también ha respondido a la ministra de Infancia, Sira Rego, que afirmó que no se podrá devolver a la mayoría de los menores a Marruecos. Ester Muñoz, tras precisar que el interés del menor es estar con sus padres o en su país de origen, ha recordado que no solo las CCAA gobernadas por el PP piden el retorno sino que también lo han hecho Castilla La Mancha, Cataluña, el País Vasco y Bruselas, abogando por hacer uso de los convenios que España tiene con Marruecos.