El Supremo admite el recurso de Hazte Oír contra la ley de nietos y decidirá sobre la suspensión provisional de la misma

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de Hazte Oír contra la resolución de la Junta Electoral Central sobre la falta de trazabilidad del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), tras la entrada en vigor de la llamada Ley de Nietos que el Gobierno de Pedro Sánchez amplió a través de una instrucción dictada por la exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes Oscar Puente, tras la aprobación parlamentaria de la norma.

Según ha podido adelantar El Debate, la Sala tiene por presentado el escrito de la entidad que pleitea contra la corrupcióin del Ejecutivo y ha ordenado su tramitación mediante el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.

Así las cosas, el Supremo ha reclama a la Junta Electoral Central (JEC) el expediente administrativo completo del asunto, en un plazo máximo de cinco días.

Además, el Alto Tribunal ha abierto una pieza separada para decidir sobre la necesidad de aplicar las medidas cautelares solicitadas por HO y ha concedido otros cinco días a las partes personadas en el procedimiento, para pronunciarse sobre la suspensión de los efectos jurídicos de las solicitudes de nacionalización de descendientes de españoles que se están cursando. Entre ellos, el pleno derecho a voto que los interesados adquieren una vez se confirma su condición.

«Si la propia Junta Electoral Central reconoce que los datos disponibles no permiten alcanzar una conclusión clara, su obligación no es mirar hacia otro lado: debe investigar, revisar y garantizar que cada inscripción sea legal, trazable y correctamente adscrita», señala Javier María Pérez-Roldán, letrado y secretario de Hazte Oír.

No en vano, en la impugnación presentada, Hazte Oír, que también ha conseguido abrir diligencias penales contra Sofía Puente -como máxima responsable de la modificación legal de la Ley de Nietos, al margen del parlamento- reclamó una investigación completa y desagregada de las altas, bajas y variaciones del CERA; la revisión de oficio de posibles alteraciones significativas y no justificadas; una auditoría basada en riesgos; y la comprobación de que la adscripción municipal de los nuevos electores se realizó con criterios legales, homogéneos y documentados.

Para ello, desde la entidad se pide, también, preservar expedientes, registros y metadatos, revisar el empleo de categorías ambiguas como «otros motivos» e impedir que el cierre del censo de una futura convocatoria electoral pueda consolidar situaciones imposibles de corregir posteriormente.

«No pedimos borrar indiscriminadamente a ningún elector ni cuestionamos en bloque la nacionalidad de nadie. Exigimos algo mucho más básico: que nadie pueda alterar el mapa electoral de España mediante expedientes opacos, criterios distintos según el consulado o adscripciones municipales sin soporte documental», añade Pérez-Roldán.