Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los inmigrantes asentados en la playa del Trampolín
Tribunales
La Audiencia Nacional abre una causa penal por el asalto a Ceuta y ve «indudable la gestión favorecedora» de Marruecos
La jueza Tardón asegura que agentes marroquíes realizaron un «guiado activo» de las personas que cruzaban ilegalmente la frontera
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto formalmente una investigación penal en torno a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio, al estimar que se trata de una «conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España».
La magistrada ve en esa entrada irregular, en la que murieron en torno a 140 personas, indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.
«Guiado activo de agentes marroquíes»
La jueza Tardón destaca la «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, al compartir que agentes marroquíes realizaron un «guiado activo» de las personas que cruzaban ilegalmente la frontera.
Una idea a la que ya apuntó la Policía Nacional en un informe y que suscribe la jueza en el auto en el que acuerda abrir una investigación penal sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio.
Varios inmigrantes congregados en los alrededores del Embolsamiento Loma Colmenar, en Ceuta
Del «constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos», la magistrada no solo percibe una actitud de «permisividad», sino que también advierte de cómo «los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera, para dirigirles (...) y »superar los obstáculos" y hasta organizar el acceso a la zona que conduce a la Playa Fnideq, según su auto.
Organización criminal
El auto detalla que el informe policial describe una estructura criminal que encaja en el delito de organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal y que se cometió en el extranjero donde operan las organizaciones criminales o parece que se hallan las personas que las integran o que han podido participar en los hechos.
El auto indica que el informe policial identifica distintos niveles de actuación, que se irán perfilando a lo largo de la investigación, «desde el de los promotores digitales hasta los organizadores sobre el terreno y los responsables de la eventual planificación estratégica. Esa distribución funcional de tareas, la permanencia temporal del fenómeno, la coordinación observada y la capacidad de movilización acreditada constituyen circunstancias que, al menos indiciariamente, justifican la investigación de una posible estructura criminal compleja».
La juez se basa en el artículo 65 1º de la LOPJ, para argumentar que los hechos encajan en los delitos contra la forma de Gobierno que se incluyen en el capítulo de los Delitos contra la Seguridad interior del Estado, «en el presente caso, las conductas objeto del procedimiento, sin duda han atentado contra la “forma de Gobierno», ya que han supuesto un «ataque, una violación de la integridad territorial de España».
