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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en una sesión plenariaEuropa Press

Tras conocer los documentos desclasificados

Vox urge al resto de grupos a permitir que el Supremo investigue a Sánchez: «Es una mentira criminal y un acto de traición»

Pepa Millán cree que los miembros del Ejecutivo deben asumir «su responsabilidad penal por saber lo que iba a ocurrir, por no hacer nada para evitarlo y por colaborar con el invasor, que es Marruecos»

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha comparecido en la Cámara Baja ante los medios tras conocer la información que se ha desclasificado este miércoles sobre la invasión de Ceuta y ha denunciado que es «una mentira criminal y un acto de traición».

Por ello, ha urgido a los diputados del resto de grupos parlamentarios a sumarse a su propuesta para permitir que se active el artículo 102 para que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzgue al Gobierno por un posible delito de traición y los miembros del Ejecutivo «asuman su responsabilidad penal por saber lo que iba a ocurrir, por no hacer nada para evitarlo y por colaborar con el invasor, que es Marruecos».

Pepa Millán ha vuelto a acusar a Marruecos de haber cometido «un acto de guerra» al violar «gravemente» las fronteras españolas. «Fue un acto de guerra híbrida instigado» por el reino alauita, ha denunciado, al tiempo que ha recriminado que como se ha conocido haya puesto una puerta para «bloquear» la devolución de los inmigrantes marroquíes en una zona que es de soberanía española.

La activación del artículo 102 es en lo que insiste la formación de Santiago Abascal estas semanas. Necesitan 56 diputados más para llegar a los 88 que se necesitan para llevarlo al Congreso, y después la mayoría absoluta para que pueda prosperar. Por eso, Vox hizo un llamamiento ya desde principios de agosto al resto de fuerzas políticas pero por ahora ninguna se ha sumado.

Este lunes, el partido anunció una querella contra Sánchez, Marlaska y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo, a los que imputa varios presuntos delitos: colaboración con el terrorismo, homicidio y lesiones por imprudencia grave, prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento con abuso de funciones públicas. Según informó Vox, el escrito se apoya en un informe policial del CENIF, remitido a la Audiencia Nacional, que «describe la entrada como una operación organizada y no como un fenómeno migratorio espontáneo».