Begoña elude la fianza pero tendrá que asegurar su capacidad de reparar a la Complutense, con sus últimas cinco rentas

El juez Juan Carlos Peinado notificaba, este lunes, a las partes del 'caso Begoña', la causa que sentará en el banquillo de los acusados a la mujer de Pedro Sánchez, su decisión de cerrar definitivamente la instrucción y abrir la fase de juicio oral en el que las dos imputadas, Gómez y su asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, tendrán que someterse a la lupa de un jurado popular. Sobre la mesa, dos presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias para la esposa del presidente del Gobierno que, si bien, sorteaba el pago de una fianza, tendrá que acreditar el nivel económico del que dispone para hacer frente, en el caso de resultar condenada, a la reparación de la Universidad Complutense de Madrid -por el perjuicio del software, asociado a su cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC)- que el propio centro ha cuantificado en 113.000 euros.

Así las cosas, en el auto, el magistrado ha acordado pedir a la Agencia Tributaria las cinco últimas declaraciones de la renta para fijar su capacidad de, llegado el caso, atender el importe.

Y, además, bajo la advertencia de que tienen la «obligación» de estar «en todo momento a disposición» del juzgado y del tribunal encargado de celebre el juicio, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero y comparecer «cuantas veces fueren requeridas» durante el tiempo de espera hasta las vistas orales que, según adelantó este diario, tendrán lugar hacia finales de 2027.

Tampoco tendrán que soportar la medida cautelar solicitada por la acusación popular, encabezada por Hazte Oír, para que se les prohibiera acceder o disponer de las participaciones sociales de Transforma TSC S.L. y sus marcas asociadas; ni ha quedado bloqueado el dominio 'transformatsc.org' y sus activos digitales vinculados.

Cabe recordar que Begoña Gómez ha sido procesada, además de por la contratación de su amiga Álvarez como asesora, a las presuntas irregularidades cometidas en el desarrollo de la aplicación informática que financió con dinero privado, a través de la UCM. Un software vinculado al máster que la mujer de Sánchez codirigió con el empresario Juan Carlos Barrabés y al que, según el sumario, habría accedido haciendo valer su condición de 'primera dama'.

Peinado sostiene en el escrito que elevará la causa a la Audiencia Provincial de Madrid (APM), cómo Gómez «habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la UCM, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico».

«Al tiempo que recababa», ha indicado, «apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno» apoyándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno«. Una evidencia que quedó que plasmada en las conversaciones del personal del centro académico en la que se la identificaba en como »la mujer de Sánchez".

Esto le permitió instalarse «en una posición de acceso privilegiado ante un órgano administrativo universitario, en relación con la titularidad y eventual explotación de un software», ha argumentado el juez.