El juez Pedraz investiga el papel de la Fiscalía en la querella contra las 'cloacas' por los ataques a la juez del hermano de Sánchez

El fiscal jefe provincial de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, respondía al juez Santiago Pedraz, en un oficio del pasado 7 de septiembre de 2026, al que ha tenido acceso El Debate, al requerimiento de la Audiencia Nacional en el que, unos días antes, el instructor de la causa de las 'cloacas' socialistas reclamaba información sobre el expediente gubernativo del Ministerio Público, y las comunicaciones internas del equipo de Fortuny, relativo a las diligencias abiertas contra Leire Díez por sus presuntas maniobras para amedrentar a la juez del hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, que ahora han salido a la luz.

En el documento, Tejuca ha aclarado ahora a Pedraz que la mayor parte de la documentación judicial con la que se trabaja a nivel interno en la institución se extrae del Visor Horus, competencia de los órganos judiciales y que, por eso las denuncias y anexos enviados no constan con la certificación de autenticidad de su Secretaría. Así como, trata de explicar por qué en las capturas enviadas desde la Fiscalía General del Estado, sobre el procedimiento, solo constan las resoluciones judiciales y los dictámenes e informes propios, pero no el resto de la documental.

Y es que, a medida que avanza la causa contra las 'cloacas' socialistas en la Audiencia Nacional -que este mismo lunes admitía la personación de la juez Biedma como perjudicada, a instancias de la Fiscalía- se ha bifurcado la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz sobre las presuntas maniobras de la cúpula de Ferraz para interferir en las causas judiciales de corrupción que salpican al entorno del Gobierno, incluido el procedimiento que instruyó la magistrada extremeña contra David Sánchez, hermano del presidente: y, los contactos con un clan de narcotraficantes para «darle un sustillo».

Una serie de hechos que motivaron una querella en la que HazteOír señalaba a Díez y a su colaborador en la zona, el ex magistrado inhabilitado Sáenz de Tejada, de intentar recabar información comprometedora con la que presionar y chantajear a la instructora para apartarla del caso. Ahora, la Audiencia Nacional analiza si los fiscales de Badajoz o el que fuera mano derecha del ex fiscal general del Estado condenado Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, dieron instrucciones para que se archivasen las acciones legales planteadas. Una sospecha que Villafañe niega y que, de acuerdo con la versión oficial, limita el papel de la Fiscalía a una cuestión de competencia territorial, que derivó en la remisión del material a Madrid.

Cabe recordar que, en el partido judicial de Badajoz se tramitaron dos procedimientos. Las DP 929/25, en el Tribunal de Instancia de Instrucción plaza 2, partieron de la querella de la Asociación HazteOír.org contra Díez y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada Vallejo. Las DP 900/25, en la plaza 4, derivaron de la denuncia del colectivo Manos Limpias contra Díez, Sáenz de Tejada y Javier Pérez Dolset. Ambos asuntos se asignaron según el último dígito del número de diligencias, de acuerdo con el reparto de trabajo vigente (el actual desde el 25 de junio de 2025 y el anterior de 2021). El fiscal Diego Yebra Rovira instruyó las que terminaban en 9 y la fiscal Soledad Lavado Asensio las que terminaban en 0.

Las causas entraron en Fiscalía el 17 de junio de 2025 (DP 929/25) y el 18 de junio (DP 900/25). En la primera, Yebra Rovira emitió informe sobre competencia territorial el 21 de junio. El juez dictó auto de inhibición al Decanato de Madrid el 20 de junio, notificado al fiscal el 23. En la segunda, tras una incidencia de abstención de la magistrada que la Audiencia Provincial no estimó justificada, Lavado Asensio emitió dictamen el 9 de julio e informe el 11 de julio pidiendo la inhibición a Madrid y la acumulación a las DP 929/25. La jueza lo acordó el mismo 11 de julio.

El oficio describe las comunicaciones internas de esos días. El 19 de junio, Yebra Rovira envió al fiscal jefe por correo electrónico a las 9:22 y por WhatsApp a las 9:39 la querella que originó las DP 929/25. A las 12:14 remite el informe de competencia territorial. El 20 de junio, Diego Villafañe Díez, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, envió un documento teórico titulado «Querella temeraria Hazte Oír Badajoz» con jurisprudencia. El fiscal jefe lo reenvió por WhatsApp a Yebra Rovira. Este elaboró un informe ampliado («inf.competencia. territ ampliado»), que envió al jefe a las 12:54. El jefe lo trasladó a Villafañe a las 15:02; este acusó recibo a las 18:34. El juez instructor asumió el criterio del fiscal e inhibió a Madrid. No se aportan capturas de los WhatsApp con Villafañe porque su móvil tiene temporizador de 24 horas.

En las DP 900/25, el fiscal jefe envió a Villafañe por correo el 18 de junio la denuncia y el 19 de junio el auto de abstención. Se remiten esos correos y dos capturas de WhatsApp entre el jefe y el fiscal instructor.

La Fiscalía afirma que en estos asuntos solo se usó el correo corporativo Outlook, que no hay notas internas, convocatorias, reuniones, videoconferencias ni oficios (estos últimos se tramitan en sede judicial). No existen visados preceptivos del fiscal jefe para informes de competencia territorial. Respecto a llamadas, no tienen acceso a los teléfonos fijos (titularidad de la Gerencia Territorial de Justicia) y el móvil personal del fiscal jefe solo conserva registros posteriores al 21 de junio de 2026; no ha cambiado de terminal en tres años.