Voluntarios reparten comida a inmigrantes en el polideportivo del barrio de El Príncipe
El negocio de los «pisos patera» en Ceuta: así se alquilan viviendas públicas a inmigrantes a cambio de dinero
La investigación comenzó después de que los vecinos alertaran de la presencia reiterada de inmigrantes durmiendo en las zonas comunes de un garaje próximo a la barriada del Príncipe
El Gobierno de Ceuta ha abierto siete actuaciones por el presunto uso irregular de viviendas de titularidad pública para alojar, a cambio de dinero, a inmigrantes que entraron en la ciudad durante las jornadas del 30 y 31 de julio. El dato lo ha dado a conocer este miércoles el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Alejandro Ramírez, durante el pleno de control de la Asamblea de Ceuta, en respuesta a una interpelación de Vox sobre las actuaciones realizadas en las viviendas de protección oficial después de la entrada masiva. Ramírez ha explicado que ya se han puesto en marcha siete actuaciones y ha reconocido que comprobar este tipo de situaciones «no es sencillo» desde el punto de vista operativo.
El Gobierno ceutí tendrá que determinar ahora qué ha ocurrido en cada uno de los inmuebles denunciados y, en función del resultado de las comprobaciones, las consecuencias pueden ir desde la rescisión del contrato de alquiler de la vivienda pública hasta la imposición de sanciones, según ha señalado Ramírez. El Ejecutivo autonómico ha mantenido además reuniones con los presidentes de las barriadas para alertar sobre este tipo de usos irregulares y pedir colaboración a los vecinos para detectar nuevos casos.
La zona de Loma Colmenar aparece especialmente señalada en las denuncias, ya que allí se ha detectado durante las últimas semanas la presencia de inmigrantes que permanecen fuera de los recursos habilitados por las administraciones y que buscan espacios donde pasar la noche. El fenómeno no se limita a las viviendas públicas, sino que también han aparecido casos relacionados con pisos privados, garajes, trasteros y otros espacios que se ofrecen a cambio de dinero.
La Policía Nacional ya ha intervenido en varios de estos inmuebles. Por ejemplo, el pasado 16 de septiembre desarticuló una organización que presuntamente explotaba a inmigrantes recién llegados mediante alojamientos precarios. Según Interior, los investigados cobraban hasta 900 euros al mes por alojar a personas en garajes y otros espacios sin condiciones adecuadas de habitabilidad. En algunos casos, las cantidades rondaban los 30 euros diarios. La organización también habría ofrecido traslados clandestinos a la Península por hasta 6.000 euros y condicionado la entrega de colchones y mantas al pago de las cantidades exigidas.
La investigación comenzó después de que los vecinos alertaran de la presencia reiterada de inmigrantes durmiendo en las zonas comunes de un garaje próximo a la barriada del Príncipe. En determinados momentos, alrededor de una veintena de personas habrían utilizado el inmueble para pernoctar.
Además, el pasado 24 de septiembre la Policía Nacional detuvo a tres personas tras localizar 28 inmigrantes, entre ellos tres menores, ocultos en dos inmuebles de Loma Colmenar y la barriada del Príncipe. Según la investigación, los alojamientos carecían de condiciones básicas como agua corriente, electricidad o ventilación y los responsables habrían obtenido más de 10.000 euros. Este martes, por su parte, la Policía Nacional ha detenido a un español de 21 años acusado de ocultar a siete inmigrantes, dos de ellos menores, en un piso de Ceuta. El inmueble pertenecía a un familiar y el detenido habría obtenido un beneficio superior a 3.000 euros por proporcionarles alojamiento y ocultación.
Ante estos casos, el portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, ha denunciado en el pleno que se han detectado ocupaciones de viviendas, garajes y trasteros y ha reclamado un dispositivo específico para actuar de forma preventiva, en lugar de esperar a que la Policía Nacional intervenga cuando los casos ya han adquirido una dimensión penal. Redondo ha advertido de que algunas de estas viviendas pueden haberse convertido en un «negocio particular» pese a que fueron adjudicadas para garantizar el acceso a una vivienda a personas que cumplen determinados requisitos. «La vivienda pública está para cumplir una función social y no para un negocio privado», ha señalado durante la sesión plenaria.