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Míriam Nogueras y Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados

Míriam Nogueras y Pedro Sánchez, en el Congreso de los DiputadosEFE

Junts votará 'no' a las dos normas

El Gobierno aprovecha los dos decretos de vivienda para colar la ley de nietos y un centro de inmigrantes para Ceuta en el Congreso

El Ejecutivo socialista escenificará hoy que el problema de la vivienda, personificado en el desahucio de Maricarmen, no se resuelve por culpa de Partido Popular, Vox y sus, hasta hace poco, socios de Junts

Los dos decretos de vivienda aprobados en Consejo de Ministros, el pasado 29 de septiembre, de la mano de los socios de Gobierno -PSOE, Bildu, ERC, Sumar, Podemos, PNV y Coalición Canaria- por un lado y de Junts, por el otro, no saldrán adelante, este viernes, en el Pleno extraordinario convocado en el Congreso para escenificar la ruptura definitiva del Ejecutivo. Con ello, y por primera vez, se baraja la opción de un posible adelanto electoral que, hasta ahora, Pedro Sánchez no ha querido incluir en sus cálculos.

Ese mismo día, sin embargo, se firmó y al día siguiente se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la renovación del decreto por el que los socialistas declarararon la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, tras la invasión del pasado 30 de julio. El nuevo texto, que se colará en el hemiciclo, amplió el listado de infraestructuras estatales susceptibles de utilizarse en la gestión de la crisis abierta, en lo que muchos han interpretado como la posibilidad de creación de nuevos CETI (Centro Temporal de Estancia de Inmigrantes) encubiertos que sólo demuestran las intenciones del Gobierno por cronificar el problema en la ciudad autónoma.

Tal es así que los socialistas han habilitado, sobre el papel, terrenos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en Loma Colmenar (D5 y E5, Casa 47), además de parcelas de Defensa (Loma Margarita, Hípica, antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería, acuartelamiento K8), de Transición Ecológica (explanada del Guano), del puerto y una parcela del centro penitenciario de Fuerte Mendizábal que- según el preámbulo del texto, por su «ubicación idónea» y «superficie óptima», permitirán habilitar espacios para el alojamiento de los asaltantes, mientras no sean expulsados, con un menor impacto sobre la población local. Además, la declaración de interés nacional seguirá vigente, en principio, hasta el 31 de diciembre de este año, con posibilidad de prorrogarse mientras sea necesario.

Así las cosas, con un CETI desbordado y campamentos provisionales repletos de inmigrantes ilegales por toda la costa, en especial las playas de Trampolín y Benítez. el Gobierno estaría reconociendo que no sólo no hay «normalidad» sino que se mantiene el goteo constante de recién llegados. Un flujo de personas que, según los testimonios de los propios ceutíes, «sigue entrando» cada día en España, agravando una crisis de seguridad sin precedentes en la que el Gobierno de la ciudad autónoma, en manos de Juan Jesús Vivas (PP), acusa al Ejecutivo central de pretender «convertir toda la ciudad» en un gran campo de 'refugiados' al designar polideportivos, instalaciones escolares y otros espacios como zonas habitables, sin consenso previo.

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres, mando único en Ceuta, ha justificado el texto creado al paraguas del debate sobre los desahucios, Maricarmen, y la falta de oferta de alquiler en España, como una solución de refuerzo temporal, a través de carpas que, en ningún caso, responderá a la creación de un centro permanente de irregulares adicional a los ya existentes. Lo cierto, sin embargo, es que la norma mantiene y amplía el catálogo de suelos estatales, incluidos los dependientes del propio Ministerio de Vivienda, disponibles para la acogida de los asaltantes.

La ley de nietos a escena

Puesto el foco del Congreso en el debate en los decretos de vivienda y la pugna de Sánchez con Carles Puigdemont, que en los próximos días podría volver a España sin ser detenido, tras aprobarse en el Constitucional la amnistía para el delito de malversación del procés, el Gobierno 'colaba' una nueva enmienda sobre la ley de nietos en el debate parlamentario. La deliberación sobre los excesos en la concesión de la nacionalidad española a determinados descendientes de exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual que fueron desarrollados por Sofía Puente, hermana de Oscar Puente, a través de una Instrucción posterior que expandió las razones tasadas iniciales a los motivos económicos que quedaron fuera de las previsiones iniciales, tampoco estará ausente, este viernes, en la Cámara Baja.

La oposición, con Vox en cabeza de varias iniciativas judiciales y políticas para neutralizar sus efectos, denuncia que esa lectura ha engordado el censo electoral de residentes ausentes (CERA) con cientos de miles de nuevas nacionalizaciones, muchas tramitadas con requisitos documentales mínimos.

De ahí que el Tribunal Supremo acordase, tras el regreso de las vacaciones, aprobar medidas cautelares que han suspendido el ejercicio del derecho a voto de quienes obtuvieron la condición de ciudadanos por esa vía, hasta que acrediten el cumplimiento estricto de las condiciones del exilio de sus antepasados, sin anular las nacionalidades ya concedidas. Una parálisis provisional que el Ejecutivo no comparte y que ha tratado de sortear por todos los cauces posibles a su alcance.

Así las cosas, la ley de nietos asomaba en el mismo Consejo de Ministros que elevó a rango de urgencia el doble paquete de soluciones habitacionales. Una secuencia que para los más críticos con el Gobierno no solo ejemplifica la debilidad parlamentaria de Sánchez, sino que pone de manifiesto una forma de gobernar a través de 'decretazos', en los asuntos más estructurales que exigen consenso. De ahí que en plena crisis del mercado de la vivienda, en parte provocada por el aumento descontrolado y exponencial de una demanda vinculada a la llegada de inmigración masiva irregular, el Ejecutivo socialista haya tratado de parapetarse en la discusión más encendida para camuflar otras medidas como las relativas al voto CERA (correspondiente al Censo de Residentes en el extranjero) o la acogida de los llegados a Ceuta, que se han instalado tras violentar la frontera.

El PSOE asegura que se trata de respuestas separadas a problemas distintos —la vivienda, la presión migratoria extraordinaria y una norma de memoria ya vigente desde 2022— y que ninguna se «cuela» dentro de la otra. Pese a ello, la coincidencia de fechas y la inclusión de terrenos de Vivienda en el listado de espacios habilitados para los irregulares en Ceuta alimentan, no obstante, la lectura de que varios frentes sensibles se gestionan a la vez bajo el paraguas de la excepcionalidad provocada por el lanzamiento inmobiliario de una anciana en el centro de Madrid, con sentencia firme del Supremo.

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