Conde-Pumpido se convierte en agente electoral de Sánchez con un polémico aval a la amnistía que suplanta la función del Supremo

En su última aparición pública antes del próximo Pleno del Constitucional sobre la amnistía, previsto esta semana, Cándido Conde-Pumpido adelantaba en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum que el órgano dictará «una doctrina clara, precisa y contundente» sobre el borrado penal de la malversación para los líderes condenados del procés y que la decisión será «vinculante para todos los jueces y todos los tribunales». Toda una declaración de intenciones frente a la Sala Segunda del Supremo que, hasta la fecha, se ha negado a levantar las sanciones impuestas por el uso irregular de fondos públicos para el referéndum declarado inconstitucional.

La posición mayoritaria —encabezada por Conde-Pumpido, que anunciaba su propia ponencia frente a la sentencia del magistrado José María Macías como responsable del recurso cabecera— será favorable a los recursos planteados por los cabecillas políticos del 1-O que, todavía, continúan inhabilitados. Así las cosas, el veterano jurista se asegurará de despejar el camino para la vuelta inmediata de Carles Puigdemont, a partir del día 7 de este mes, sin ser detenido. Un gesto que llega al rescate del Ejecutivo en las horas más bajas de la relación política entre PSOE y Junts —desde que los segundos apoyasen la investidura de Pedro Sánchez, en 2023— tras el «no» de los separatistas catalanes a los dos decretos de vivienda con los que el presidente del Gobierno trataba de dar apariencia de normalidad a una legislatura agónica. El sentido de la votación jurídica tendrá, por lo tanto, consecuencias políticas y una lectura electoral inevitable, coincidiendo con los tres nuevos días de reflexión que Sánchez se ha tomado, al hilo de su fracaso parlamentario, para decidir si convoca elecciones generales o no.

Conde-Pumpido planteará, por su parte, un fallo concebido tanto para admitir el recurso de la ex consejera Dolors Bassa, como para anular los autos del Supremo que negaron la amnistía parcial a los independentistas y suplantar la competencia de su Sala Segunda, en un nuevo «exceso de jurisdicción» de la Corte de Garantías.

No en vano, y según ha podido saber El Debate, en lugar de limitarse a revisar y retroceder las actuaciones para que sea el Alto Tribunal el que dicte una resolución ajustada a la interpretación del TC, Conde-Pumpido impondrá la amnistía general con el carácter «preferente y urgente» con el que entiende que el legislador aprobó la norma. Por si esto no fuese suficiente, el texto confeccionado por el jurista, al que ha tenido acceso este diario, califica la interpretación del Supremo como «manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley» y le atribuye un compendio de «contradicciones flagrantes» con el espíritu de la norma, que una vez más, y no es la primera, se alejan de la función de la Corte de Garantías como intérprete del marco constitucional, para actuar como una última instancia jurisdiccional que no existe y corregir a los miembros de la Sala Segunda de lo Penal del TS.

De hecho, el tono empleado por el titular del Constitucional, en su solución positiva al amparo de Bassa, ha suscitado un profundo malestar en la mayoría de la comunidad jurídica que considera los términos utilizados como peyorativos e innecesarios.

Si bien, nada de ello impedirá que el criterio de aplicación inmediata de la amnistía definido para Bassa y asumido para Turull aunque con matices, en el caso de la ponencia de Macías, sea extensible al resto de condenados y procesados del 1-O, entre ellos el ex vicepresidente de Esquerra (ERC) Oriol Junqueras y el mismísimo Carles Puigdemont, al que permitirá volver de Waterloo (Bélgica), en cuanto se decrete la retirada casi automática de las órdenes de detención que aún pesan sobre los prófugos.

Cabe recordar que la ley de amnistía se aprobó en 2024 como condición explícita del apoyo de Junts y ERC a la continuidad de Sánchez en la Moncloa. Un escenario que fue posible gracias a que, ya entonces, el Constitucional -con su mayoría izquierdista, capitaneada por Conde-Pumpido- apuntaba a dar luz verde a su encaje en nuestro ordenamiento. El Supremo, en cambio, ha venido sosteniendo que la malversación quedaba fuera de las previsiones porque a todas luces implicaba un beneficio patrimonial y un daño a los intereses financieros de la Unión Europea. La ponencia de Conde-Pumpido enmienda esa lectura y la tacha de «reducción teleológica» que vacía de sentido el espíritu nuclear de la norma recogido en la «exposición de motivos».

Por este tipo de argumentos es por lo que hay quienes advierten de una extralimitación en las competencias del Constitucional que, en este asunto, y gracias a los siete votos del bloque izquierdista del Pleno, previsiblemente, no se limitará a enjuiciar el encaje interpretativo de la ley o la existencia de una vulneración de derechos fundamentales de los separatistas catalanes, durante el proceso de resolución del Supremo sobre la aplicación del texto; sino que impone al Alto Tribunal ordinario una interpretación concreta del precepto penal y le ordena el sentido del fallo. El recurso de amparo «está concebido para revisar si se ha lesionado» la tutela judicial efectiva o el principio de legalidad, entre otros, en los procesos impugnados, pero en ningún caso convierte al TC en una institución autorizada para «reescribir la calificación de los hechos ya juzgados». Máxime cuando , si a ello se añade, que el lenguaje de la ponencia apela a términos gruesos que desautorizan, de manera frontal, al Supremo.

Conde-Pumpido ha elegido emitir su veredicto atendiendo a un calendario que tampoco es neutro. La decisión llega cuando el Gobierno necesita el concurso parlamentario de los independentistas, divorciados de toda iniciativa propuesta desde el Ejecutivo, y cuando cuatro magistrados del propio TC, incluido él mismo, tienen el mandato caducado desde diciembre de 2025, hace nueve meses y medio, y están a la espera de una renovación que corresponde al Senado.

El presidente del TC ha reclamado esa renovación, con insistencia, tras la Apertura del Año Judicial en busca de una salida del cargo que le permita incorporarse, como aspira y reivindica, para ocupar un puesto vitalicio en el Consejo de Estado. Un plan de retiro que reclama en agradecimiento a los favores prestados en las causas más sensibles e ideológicas del Gobierno que lo nombró.