Conde-Pumpido se convierte en agente electoral de Sánchez con un polémico aval a la amnistía que suplanta la función del Supremo

En su última aparición pública antes del próximo Pleno del Constitucional sobre la amnistía, previsto este próximo martes, Cándido Conde-Pumpido adelantaba en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum que el órgano dictará «una doctrina clara, precisa y contundente» sobre el borrado penal de la malversación para los líderes condenados del procés y que la decisión será «vinculante para todos los jueces y todos los tribunales». Toda una declaración de intenciones frente a la Sala Segunda del Supremo que, hasta la fecha, se ha negado a levantar las sanciones impuestas por el uso irregular de fondos públicos para el referéndum inconstitucional.

La posición mayoritaria —encabezada por Conde-Pumpido, que anunciaba su propia ponencia frente a la sentencia del magistrado José María Macías como responsable del recurso cabecera— será favorable a los recursos planteados por los cabecillas políticos del 1-O que, todavía, continúan inhabilitados. Así las cosas, el veterano jurista se asegurará de despejar el camino para la vuelta inmediata de Carles Puigdemont, a partir del día 7 de este mes, sin ser detenido. Un gesto que llega al rescate del Ejecutivo en las horas más bajas de la relación política entre PSOE y Junts —desde que los segundos apoyasen la investidura de Pedro Sánchez, en 2023— tras el «no» de los separatistas catalanes a los dos decretos de vivienda con los que el presidente del Gobierno trataba de dar apariencia de normalidad a una legislatura agónica. El sentido de la votación jurídica tendrá, por lo tanto, una lectura política y electoral inevitable, coincidiendo con los tres nuevos días de reflexión que Sánchez se ha tomado, al hilo de su fracaso parlamentario, para decidir si convoca elecciones generales o no.

Conde-Pumpido planteará, por lo tanto, un fallo concebido tanto para admitir el recurso de la ex consejera Dolors Bassa, como para anular los autos del Supremo y suplantar la competencia de su Sala Segunda, en un nuevo «exceso de jurisdicción» de la Corte de Garantías. No en vano, en lugar de retrotraer las actuaciones para que sea el Alto Tribunal el que dicte una resolución ajustada a la interpretación del TC, Conde-Pumpido impondrá la amnistía general con el carácter «preferente y urgente» que prevé la norma. Por si esto fuese suficiente, el texto confeccionado por el jurista, al que ha tenido acceso El Debate, califica la interpretación del Supremo como «manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley» y un compendio de «contradicciones flagrantes» con el espíritu del legislador.

El tono empleado por el presidente del Constitucional, en su solución positiva al amparo de Bassa, ha suscitado un profundo malestar en la mayoría de la comunidad jurídica que considera los términos utilizados como peyorativos e innecesarios.

Si bien ello no impedirá que el criterio de aplicación definido para Bassa y para Turull, en el caso de la ponencia de Macías, sea aplicable al resto de condenados y procesados por malversación, entre ellos Puigdemont y Oriol Junqueras, y abrirá el camino a la retirada de las órdenes de detención que aún pesan sobre los prófugos, de manera casi automática.

Cabe recordar que la ley de amnistía se aprobó en 2024 como condición explícita del apoyo de Junts y ERC a la continuidad de Sánchez en la Moncloa. Un escenario que fue posible gracias a que, ya entonces, el Constitucional con su mayoría izquierdista, capitaneada por Conde-Pumpido, avaló su constitucionalidad. El Supremo, en cambio, ha venido sosteniendo que la malversación quedaba fuera porque implicaba un beneficio patrimonial y un daño a los intereses financieros de la Unión Europea. La ponencia de octubre corrige esa lectura y la tacha de reducción teleológica que vacía el núcleo de la norma.

Quienes ven en ello una extralimitación sostienen que el Constitucional no se limita a enjuiciar la constitucionalidad de la ley o la vulneración de derechos fundamentales, sino que impone al tribunal ordinario una interpretación concreta del precepto penal y le ordena el sentido del fallo. El recurso de amparo permite revisar si se ha lesionado la tutela judicial efectiva, pero no convierte al TC en una tercera instancia que reescribe la calificación de los hechos ya juzgados. El lenguaje de la ponencia —«contraria al espíritu», «drástica contracción»— refuerza esa impresión de desautorización directa de la Sala Segunda.

El calendario tampoco es neutro. La decisión llega cuando el Gobierno necesita el concurso parlamentario de los independentistas y cuando cuatro magistrados del propio TC, incluido el presidente, tienen el mandato caducado desde diciembre de 2025 a la espera de la renovación que corresponde al Senado.

Conde-Pumpido ha reclamado esa renovación, en busca de una salida del cargo que le permita incorporarse, como aspira y se reivindica, para ocupar un puesto vitalicio en el Consejo de Estado al que aspira como plan de retiro, en agradecimiento a los favores prestados al Gobierno que lo nombró.