Encuesta | ¿Cuánta confianza le merece el voto por correo?

Este martes, 6 de octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes después de que el Congreso tumbara el pasado viernes los dos reales decretos-ley de vivienda del Ejecutivo. Con la convocatoria se abre también el plazo para solicitar el voto por correo, que en los últimos días se ha visto bastante cuestionado.

Precisamente, el mismo lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió a los españoles en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que no votaran por correo en estos comicios, aludiendo a posibles «adulteraciones» del proceso.

La desconfianza hacia el voto por correo no es nueva. En las elecciones municipales de mayo de 2023, la Justicia investigó presuntas tramas de compra de votos por esta vía. En Melilla, las solicitudes llegaron a superar el 21% del censo, frente a una media nacional cercana al 3%. En Mojácar (Almería), la Guardia Civil detuvo a siete personas acusadas de pagar entre 100 y 250 euros por papeleta a favor del PSOE. Ambos casos pusieron de manifiesto una debilidad del sistema: el elector debe identificarse con el DNI al solicitar el voto, pero no al depositarlo en Correos. En Melilla, cuando se empezó a exigir el documento también en la entrega, se presentaron 8.000 papeletas menos de las solicitadas.

A ello se suma ahora la polémica por el censo. El pasado 10 de septiembre, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de parte de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de personas nacionalizadas por la llamada «ley de nietos», ante el fuerte aumento de ese censo. Sin embargo, el censo que se utilizará el 29-N se cerró el 1 de agosto, antes de esa decisión. El voto por correo, en cualquier caso, es una modalidad recogida en la ley electoral que gestiona Correos bajo la supervisión de la Junta Electoral.