El adelanto de las elecciones ha dejado muy poco tiempo al Tribunal Supremo para resolver los trámites
Estos son los españoles que, por ahora, tienen suspendido el voto para las elecciones del 29 de noviembre
El Supremo mantiene cautelarmente bloqueado el sufragio de miles de nacionalizados por la ley de nietos mientras estudia el recurso de la Abogacía del Estado
El anuncio de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha añadido urgencia a una batalla judicial que afecta a cientos de miles de españoles residentes en el extranjero. El Tribunal Supremo mantiene suspendida cautelarmente la inscripción electoral de parte de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ley de nietos, mientras resuelve los recursos presentados en torno a su inclusión en el censo.
La medida fue adoptada el pasado 8 de septiembre, después de los recursos presentados por Vox y la organización Iustitia Europa. El Alto Tribunal consideró necesario actuar de forma cautelar ante el importante incremento registrado en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y mientras determina si todas las inscripciones realizadas se ajustan a los requisitos establecidos por la normativa.
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La cifra de afectados, sin embargo, es uno de los puntos en discusión. El Supremo manejó inicialmente un incremento de alrededor de 408.000 nuevos electores, mientras que la Abogacía del Estado ha situado posteriormente en algo más de 369.000 los inscritos en el CERA vinculados a la Ley de Memoria Democrática.
Dentro de ese grupo también existen situaciones jurídicas diferentes, por lo que no puede asegurarse que los más de 408.000 ciudadanos queden definitivamente excluidos de las elecciones del 29 de noviembre.
La Abogacía del Estado ha recurrido la medida y ha solicitado que se levante la suspensión cautelar al considerar que afecta al derecho fundamental de sufragio de ciudadanos españoles. El Supremo deberá pronunciarse sobre esta petición antes de que culmine el procedimiento electoral si quiere aclarar definitivamente qué ciudadanos podrán participar en los comicios.
Bloqueo judicial
La convocatoria anticipada de elecciones ha reducido considerablemente los plazos para resolver el conflicto. Una de las cuestiones que analiza el tribunal es cómo aplicar de forma efectiva una suspensión que afecta a un número muy elevado de personas residentes fuera de España.
Además, el procedimiento plantea dificultades a la hora de comunicar individualmente a los afectados cualquier modificación de su situación en el censo electoral. Entre las posibilidades estudiadas se encuentra la publicación oficial de las decisiones que adopte el tribunal para garantizar que los electores tengan conocimiento de ellas antes de la votación.
Por el momento, por tanto, la situación continúa pendiente de una decisión definitiva del Tribunal Supremo. Mientras la suspensión cautelar siga vigente, los electores afectados no podrán ejercer su derecho al voto, aunque esta situación todavía puede cambiar antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
