Una legislatura desperdiciada por la mentira de la «mayoría de progreso»

Nunca hubo una «mayoría de progreso» en la XV legislatura que tiene ya fecha de defunción. La legislatura en realidad nació muerta, con una derrota del PSOE en las urnas, y una frágil mayoría para la investidura de Pedro Sánchez que ha demostrado una y otra vez que no había mayoría parlamentaria para legislar. El resultado ha sido un Gobierno sin presupuestos en tres años, sin apenas leyes aprobadas y con sonoras derrotas del PSOE y Sumar en las Cortes.

La votación que dio por cerrada la legislatura fue simplemente la certificación de la defunción de un Gobierno que hacía tiempo había perdido el pulso. Junts, la derecha catalana, le había ido retirando poco a poco el oxígeno a Pedro Sánchez en sucesivas votaciones en el Congreso, uniendo cada vez con más frecuencia su voto al de la derecha española, Partido Popular y Vox.

El último curso de Junts ha sido el definitivo para Sánchez. Desde septiembre de 2025, la antigua convergencia no ha coincidido en su voto con el PSOE ni en la mitad de las ocasiones, el 49,8 % según los cálculos de El Debate a partir de todas las votaciones de la legislatura. El curso anterior, habían coincidido en el 71 % de las votaciones. Una clara demostración del portazo de la derecha catalana a Sánchez el último año.

El siguiente gráfico muestra el grado de coincidencia de los socios de investidura con el PSOE en todas las votaciones en el Congreso. La media de coincidencia con Junts ha caído drásticamente el último año. En menor medida, también ha bajado la derecha nacionalista vasca del PNV, así como los regionalistas de Coalición Canaria.

Los apoyos del resto de partidos que permitieron la investidura de Sánchez, la izquierda del PSOE y la izquierda nacionalista catalana y vasca, se han mantenido estables. Sin embargo, han sido insuficientes para legislar. El resultado es una serie de sucesivas derrotas de la coalición de Gobierno en el Congreso.

Legislatura con menos leyes

La XV es la legislatura con menos leyes aprobadas de todas las legislaturas que han durado más de cuatro meses, según el recuento histórico del Senado. Tan solo 37 leyes aprobadas en tres años, un mes y 18 días. En legislaturas de una duración similar, como la tercera y la cuarta de Felipe González, se aprobaron 122 y 135 leyes respectivamente.

El récord legislativo lo tiene la primera legislatura, con Adolfo Suárez, con 269 leyes en menos de tres años y medio. El anterior récord de inacción fue la última de Mariano Rajoy y primera de Sánchez, con 39 leyes en dos años y medio de una legislatura partida por la moción de censura que llevó al todavía líder socialista al poder.

Votaciones perdidas

El Gobierno ha sido incapaz de aprobar una ley de presupuestos en toda la legislatura, y sigue funcionando con la prórroga de las cuentas de 2023, votadas en 2022. Desde entonces ni siquiera ha sido capaz de aprobar los objetivos de déficit, un paso previo antes de los presupuestos. Los últimos años ya ni se molestaba en presentarlos al Congreso, sabedor de su derrota.

La Cámara Baja ha rechazado proyectos de ley presentados por el Gobierno, como la reducción de la jornada laboral, con los votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN; y la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, con los mismos votos más el BNG. También ha rechazado una de cada tres proposiciones de ley presentadas por el Grupo Socialista o por el de Sumar, los partidos que forman el Gobierno de coalición. En total, 14 de las 41 proposiciones de ley que han presentado, según recoge la web del Congreso.

La mayoría de las proposiciones de ley fueron rechazadas con los votos en contra del PP, Vox y Junts, pero algunas también fueron condenadas por otros socios de investidura. El PNV se opuso a la creación del Instituto de la Mujer, por ejemplo, y Podemos rechazó la delegación de las competencias de Inmigración a Cataluña. El mismo PSOE se abstuvo hace menos de un año en la proposición de ley presentada por Sumar por el derecho de la vivienda, y le provocó una derrota en una cuestión de la que ahora pretende hacer bandera.

Abuso de decretos

El Gobierno ha intentado legislar mediante decretos ley ante la dificultad de la negociación en el Parlamento, un procedimiento que teóricamente debería ser extraordinario. La ventaja del decreto ley para el Gobierno frente a una ley ordinaria es que acorta los plazos de ejecución, puesto que escamotea a los grupos parlamentarios la toma en consideración y la posibilidad de enmiendas. El Parlamento, sin embargo, también le ha cerrado esta puerta con la derogación de los decretos ley.

Con los dos últimos decretos ley derogados, ya son 13 de los 56 tramitados, según el recuento del Congreso. Suponen prácticamente uno de cada cuatro. Recientemente, por ejemplo, perdió la votación de la regulación de los grupos de interés.

Lejos de reconocer su debilidad parlamentaria, el Ejecutivo ha abusado del real decreto como atajo para gobernar. A diferencia del decreto ley, el decreto ordinario no tiene que pasar por el Parlamento, aunque no puede modificar leyes. La regularización extraordinaria, por ejemplo, fue un decreto que no tuvo que pasar por el Parlamento.