Pedraz pide al PSOE información sobre los abogados contratados por Ferraz e imputa al ex chavista Nervis Villalobos

el mismo día en que la acusación popular unificada que lidera el PP, en la causa de las 'cloacas' de la Audiencia Nacional, ha solicitado al juez Santiago Pedraz, imputar al PSOE –al considerar que de los indicios disponibles hasta la fecha se «confirma» que la formación de Pedro Sánchez «sufragó» los gastos de la presunta trama de Leire Díez, diseñada por el exsecretario de la Organización socialista Santos Cerdán– el magistrado ha preguntado a la Fiscalía si considera que procede citar como investigado al partido, en calidad de persona jurídica.

En una nueva resolución, a la que ha tenido acceso El Debate, Pedraz ha decretado la práctica de nuevas diligencias, orientadas a determinar las supuestas responsabilidades penales en el seno de la «organización criminal». Entre ellas, recopilar toda la información correspondiente a los dos abogados que fueron contratados por Ferraz –Ismael Oliver (que ejerció la defensa de Koldo García Izaguirre) y Jacobo Teijelo (que defiende al propio Cerdán)–, presuntamente, para triangular los pagos de la caja socialista a la 'fontanera' a través de una serie de facturas falsas.

Por todo lo anterior es por lo que, tras la declaración de la actual gerente, Ana María Fuentes, el instructor ha reclamado al PSOE la relación completa de letrados o despachos profesionales de Abogacía o servicios de Consultoría con los que hubiesen trabajado durante el período investigado, que abarca desde 2021 hasta 2025.

Al mismo tiempo, en una resolución adicional, Pedraz ha llamado como investigado al ex viceministro de Venezuela Nervis Villalobos, ante los indicios que apuntan a que las 'cloacas' de Leire Díez pudieron influir en altos cargos del Ministerio de Justicia para que se le concediera la nacionalidad española. Unas sospechas en las que aparecen incorporados al sumario hasta dos mails en los que la ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, se interesó por el expediente. Cabe recordar que Puente fue la encargada de firmar la instrucción administrativa por la cual se autorizó a la nacionalización de descendientes de españoles exiliados, más allá de por razones ideológicas y de discriminación, por cuestiones de índole económica. En lo que muchos consideran una interpretación extensiva de la norma que habría permitido inflar el censo del voto rogado desde el extranjero, suspendido de manera cautelar por el Supremo.

«Bajo el liderazgo» del tres de Sánchez

Así las cosas, el Partido Popular ha interesado atribuir la condición de persona jurídica investigada al PSOE como presunto responsable de varios «delitos de cohecho y tráfico de influencias así como de los delitos de blanqueo de capitales y de financiación ilegal de partidos en relación con la malversación de caudales públicos indiciariamente cometida por sus dirigentes».

Los 'populares' han insistido al juez Pedraz que lo que se investiga, en último término, es el intento de Leire Díez, Cerdán y los letrados comprometidos por, presuntamente, actuar para obstaculizar algunos de los casos judiciales de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno.

En el escrito del PP, al que ha tenido acceso El Debate, se relata cómo presunta organización, «bajo el liderazgo» de Santos Cerdán, «realizó ofrecimientos a diversos funcionarios públicos con el ánimo influir en su desempeño profesional; desarrolló diferentes actividades dirigidas a 'destruir el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del presidente, así como el resto de los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al partido».

También recoge que, supuestamente, «intentó influir sobre testigos relevantes en dichos procedimientos, como Carmen Pano», la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE; presuntamente «trató de desacreditar, neutralizar y condicionar la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil» y ve evidencias de que «abonó aproximadamente 20.000 euros a un medio de comunicación afín, Crónica Libre, indiciariamente con cargo a las subvenciones electorales públicas percibidas por el propio partido».

Hojas de encargo «falsificadas»

«Consta indiciariamente acreditado que Santos Cerdán puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba, manteniendo numerosas reuniones en la sede de Ferraz con el resto de sus miembros, sufragando sus gastos logísticos e incluso abonando un sueldo a Leire Díez a través de sociedades interpuestas, como contraprestación por los valiosos y delictivos servicios prestados», expone el PP.

Y, para ello, apunta que el entonces secretario de Organización socialista «contó con la colaboración de la también investigada Ana María Fuentes, gerente federal y responsable de la oficina de cumplimiento normativo del partido al tiempo de los hechos».

Según la acusación, Fuentes «se encargó de falsificar supuestas hojas de encargo con terceros con el propósito de encubrir los pagos que la formación política efectuaba a Leire Díez por los servicios prestados».

«Por lo tanto, no es solo que las actuaciones delictivas desarrolladas por la organización criminal se dirigieran a proteger los intereses del PSOE, sino que indiciariamente se promovieron, impulsaron, coordinaron y ejecutaron por quienes desempeñaban altas responsabilidades dentro del partido; nada menos, que el secretario de Organización, con la presunta colaboración de la gerente federal de la formación política», indica.

Por ello, el PP expone que «no puede alcanzarse un entendimiento completo de los hechos investigados sin examinar las responsabilidades de la formación política desde la que se impulsaba y financiaba la actuación de la organización criminal».

Un PSOE involucrado «directamente»

A mayor abundamiento, la acusación concluye que los hechos investigados ponen de manifiesto, «con carácter indiciario, que el PSOE no contaba al tiempo de los hechos con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir las comisión de delitos en su seno en materia de aprobación y abono de gastos, de utilización de sus instalaciones por terceros y de contratación con proveedores de servicios, toda vez que dichas decisiones dependían de los designios de la alta dirección del PSOE, sin que existiera ningún órgano que fiscalizara su actuación ni medida alguna que la restringiera».

A su juicio, Cerdán y Fuentes «son indiciariamente responsables de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal para las personas jurídicas» porque concurren «todos los requisitos» para que se dé esta vía de imputación.

Para la acusación, «los dirigentes del PSOE investigados cometieron los delitos que indiciariamente se les atribuyen en el ejercicio de sus funciones como secretario de Organización y gerente federal del partido, actuando en su condición de tales».

«El caso del investigado Santos Cerdán es paradigmático, ya que no solo asumió un papel central en la organización criminal investigada, sino que puso todos los medios operativos, logísticos y financieros del partido a su disposición, una decisión que solo podía adoptar una persona con amplísimas prerrogativas dentro de la estructura orgánica del partido, como lo era su secretario de Organización», aducen desde la acusación unificada.

Y añade el Partido Popular que, la petición no solo se apoya en el hecho de «que el PSOE promoviera, desde sus más elevados órganos, la constitución y funcionamiento de una auténtica organización criminal para proteger sus intereses, sino que se involucró directamente en la trama, facilitando cuantos medios operativos, logísticos y financieros resultaron necesarios para ello».

Por todo ello, el PP ha instado al magistrado Pedraz que impute al partido y que requiera al PSOE «la designación de su representante» y que acuerde su declaración como investigado a través de él. Antes de tomar una decisión definitiva, el magistrado esperará a escuchar la posición del Ministerio Fiscal y a recibir los resultados de algunas de las pruebas que se están practicando, todavía, sobre este asunto.