La primera treta del Gobierno y el censo electoral tensan el inicio de la precampaña

El PSOE ya había convertido el Tribunal Constitucional en un tribunal de casación contra las sentencias del Supremo y ahora ha decidido convertir la Diputación Permanente del Congreso en un órgano de revisión y modificación de las decisiones votadas por el Pleno de la Cámara Baja.

Tras la convocatoria electoral, la precampaña ha empezado con dos bombas de racimo para el Estado de Derecho. Por un lado, la decisión de Pedro Sánchez de llevar nuevamente al Consejo de Ministros de este martes los dos decretos leyes de vivienda para que sea la Diputación Permanente la que los convalide, aprovechando la intrascendencia del voto de Junts para este caso. Por el otro, la suspensión cautelar del derecho a voto de aproximadamente medio millón de descendientes de españoles que consiguieron la nacionalidad a través de la ley de nietos.

Al respecto de lo primero, el Gobierno confirmó este lunes que el Consejo de Ministros aprobará este martes los dos decretos leyes que el Pleno aprobó el viernes, con «cambios no sustanciales» porque no pueden ser idénticos. El primero es el que contiene la prohibición de los desahucios a colectivos vulnerables hasta 2030 y la prórroga de los alquileres en vigor hasta 2028, y el segundo es el de los contratos indefinidos, inspirado por el Sindicato de Inquilinas.

La intención del Gobierno de convalidar el primero en la Diputación Permanente (el segundo no saldrá porque también el PNV votó en contra el viernes) raya el fraude de ley, a decir de no pocos juristas. El órgano, que sustituye al Pleno fuera del periodo ordinario de sesiones y cuando las Cortes están disueltas, tiene capacidad para convalidar decretos leyes, pero este caso es particular. Porque son textos recién rechazados por el Pleno y porque la composición de la Diputación Permanente no se corresponde con la actual distribución de los grupos parlamentarios. Fue constituida en noviembre de 2023, antes de que los cinco diputados de Podemos (ahora son cuatro) se pasasen al Grupo Mixto, en el que después recaló también la diputada de Compromís Àgueda Micó.

En su favor, el Ejecutivo puso ayer en circulación el precedente del decreto ley 7/2019, también sobre vivienda, también procedente de una norma anterior que el Pleno había derogado y también convalidada por la Diputación Permanente en la precampaña de las elecciones generales de abril de ese año. Aquel caso tenía diferencias. Para empezar, el decreto ley nuevo llevaba cambios importantes respecto al derogado (el 21/2018), que se centraba en la extensión de los contratos de alquiler de tres años a cinco.

Su defensa ante la Cámara Baja correspondió al entonces ministro de Fomento y hoy preso, José Luis Ábalos. El PP lo calificó de «engaño electoral». En cualquier caso, el Gobierno depende del PNV, que quiere esperar a ver los textos publicados en el BOE. «La decisión con respecto al voto se tomará cuando se tenga toda la información para ello y tras un análisis en profundidad de la letra pequeña del texto y su tramitación», según el partido de Aitor Esteban. No obstante, no es previsible que, después de haber dado su «apoyo crítico» el viernes, los nacionalistas vascos se retracten ahora.

Por lo que respecta a la ley de nietos, el embrollo no es menor. Hasta ahora, la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a votos de esos nacionalizados no tenía efectos prácticos, porque no había elecciones convocadas. Ahora sí. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que el censo será «el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria». Es decir, el pasado 1 de agosto.

Iustitia Europa y Vox movieron ficha ayer para que, ya sea el Supremo o la Junta Electoral Central, se aseguren de que salgan de ese censo los nacionalizados que tienen el derecho a voto suspendido cautelarme. El alto tribunal, por su parte, se enfrenta al reto de adoptar una decisión antes del 29 de noviembre, o de al menos dar opción a los afectados para ser escuchados. La Abogacía del Estado presentó un recurso contra esta decisión que, precisamente, fue analizado este lunes por los magistrados.

Tras la convocatoria electoral, Santiago Abascal pidió unas elecciones «limpias, libres y sin violencia». E Isabel Díaz Ayuso solicitó a los ciudadanos que no voten por correo. Les salió al paso el ministro Félix Bolaños, que defendió un sistema electoral «seguro cien por cien», «garantista» y «ejemplar», según él.

Los partidos empezaron ayer mismo a tomar algunas decisiones. En el PSOE, Sánchez presidió la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, que acordó que tres mujeres pilotarán la campaña electoral. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, será la coordinadora general, con María Jesús Montero encargándose de la parte estratégica y Cristina Narbona, de la del programa. El coordinador de la anterior campaña, Santos Cerdán, hoy está en libertad provisional y tiene que presentarse en un juzgado a firmar cada 15 días.

Además, Junts comunicó que Míriam Nogueras volverá a ser su cabeza de cartel. Aliança Catalana confirmó ayer que no se presentará a las generales, así que ese peso que quitó de encima a los de Carles Puigdemont. La extrema izquierda ha entrado en una carrera contrarreloj para decir si Podemos y Frente Amplio concurren juntos. Alberto Núñez Feijóo viajará este miércoles a Ceuta y el jueves reunirá a su Junta Directiva Nacional. UGT y Comisiones Obreras anunciaron una huelga general en otoño -sin concretar- al alimón con el Sindicato de Inquilinas. TVE, Atresmedia y Mediaset empezaron a ofrecerse para moderar debates entre Sánchez y Feijóo. Y Santiago Abascal prometió: «Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles. No la vamos a desaprovechar».