Begoña Gómez, en una imagen de archivo
La Fiscalía pide a la Audiencia Provincial de Madrid que absuelva a Begoña Gómez
El fiscal ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales, en el que mantiene la misma postura que ha defendido desde que se inició el procedimiento
La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que absuelva a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, de los delitos de malversación y tráfico de influencias por los que se sentará en el banquillo ante un jurado popular, en una fecha aún por determinar.
El fiscal ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso El Debate este miércoles, en el que mantiene la misma postura que ha defendido desde que se inició el procedimiento: «Los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal» y, por tanto, «sin delito no hay autor», de modo que procede la absolución.
La misma petición que formula asimismo para la segunda encausada, Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, acusada también de malversación.
Hace unas semanas, el juez Juan Carlos Peinado, a las puertas de su jubilación, envió a juicio a ambas tras una polémica investigación que arrancó en abril de 2024 con una denuncia de la organización Manos Limpias por unos hechos que giran, entre otros asuntos, en torno a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y en el trabajo que desempeña para ella su asesora, pagada con fondos públicos.
Tras repasar la trayectoria profesional de Begoña Gómez en el mundo de la empresa antes de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, el fiscal incide en que percibió «0 euros» por su «actividad no retribuida» como codirectora de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva en la UCM.
Esta cátedra nació tras una reunión, a iniciativa de Gómez, con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, en la Moncloa en julio de 2020, «con la universidad cerrada por la pandemia».
El calendario judicial de las causas de corrupción
Sánchez abre la ventana electoral anticipándose a la imputación del PSOE en el caso de las 'cloacas'
El fiscal subraya que se cumplió con la normativa para la creación de la cátedra, una figura regulada que persigue atraer inversión privada y tratar cuestiones relevantes para la sociedad, y para la que «no es preciso título universitario o profesional».
En el marco de dicha cátedra, se contempló impulsar una plataforma tecnológica o 'software' para la medición del impacto social, que contó con la participación de «empresas destacadas» como Indra, que «aportó equipo y personal de trabajo por valor de 128.442,37 euros», Telefónica, cuya valoración se cuantifica en 55.000 euros, o Google (40.000 euros), entre otras.
