Sánchez pone el reloj a los jueces para sortear el control del censo

Sánchez puede elegir el día de las elecciones y sabe que los jueces necesitan tiempo para esclarecer cómo se formó el censo. El adelanto al 29 de noviembre enfrenta ambos relojes y permite convertir una controversia sobre la legalidad de las incorporaciones en una campaña sobre el derecho a votar. La prisa electoral amenaza con desplazar la cuestión más esencial de todas: cómo se obtuvieron esas inscripciones. Porque antes de ejercitar el derecho al sufragio hay que garantizar que todo aquel que lo ejerza posee ese derecho sin trampa ni cartón, sin atajos ni instrucciones que falsean lo aprobado por el Parlamento. Ése y no otro es el aspecto nuclear y crítico que Moncloa quiere sortear.

Bolaños baraja un desbloqueo urgente en el Constitucional de los efectos electorales suspendidos por el Supremo, como revelamos ayer en El Debate. El Gobierno quiere que una medida provisional permita votar antes de resolver el fondo del pleito. El argumento es que ninguna sentencia posterior devuelve la oportunidad de participar en unas elecciones. Pero tampoco resulta sencillo deshacer las consecuencias de una participación que después se declarase improcedente: las papeletas ya estarían mezcladas y los escaños adjudicados. El caos sería colosal. La urgencia protege frente a la pérdida de una oportunidad de votar, pero también puede consumar unas consecuencias electorales difíciles de reparar.

El censo cerrado en agosto no borra las cautelares de septiembre. Iustitia Europa ha pedido que se asegure su aplicación al 29-N y Jorge Buxadé, abogado del Estado y letrado de Vox en el recurso, sostiene que el auto alcanza estas elecciones. La formación de Luis María Pardo ha presentado un escrito para impedir que las inscripciones afectadas produzcan efectos electorales. Buxadé señala, además, un problema decisivo: según explica, la Abogacía del Estado que representa a la Administración ha aportado un informe que alega dificultades para identificar por qué vía adquirieron la nacionalidad los inscritos. Habría que revisar los expedientes individualmente. La Administración que tramitó las incorporaciones invoca ahora dificultades para distinguir las afectadas por la suspensión. Vox ha pedido al Supremo que exija el cumplimiento y, si la Administración no distingue, suspenda los efectos electorales de todas las inscripciones en el CERA por la disposición adicional octava, permitiendo que quienes acrediten individualmente el exilio reclamen su inclusión. Su petición está pendiente de lo que decida la Sala.

La Abogacía del Estado ya alegaba que no podía revisar unos 170.000 expedientes antes de 2027. Sánchez ha acortado ahora ese plazo con el adelanto electoral. La urgencia no ha caído del cielo: la ha creado quien ha decidido la fecha de las urnas.

La batalla se libra ahora entre el cumplimiento de las cautelares del Supremo y el intento de levantarlas. Sánchez ha fijado la fecha y creado la urgencia. Si Bolaños lleva su estrategia al Constitucional, la independencia del tribunal no puede quedar supeditada al reloj de Moncloa. Los precedentes explican la desconfianza. Bajo la presidencia de Conde-Pumpido, el Constitucional ha respaldado, además de la amnistía, la eutanasia, la ley Celaá, la reforma del aborto, el impuesto sobre grandes fortunas y la votación que salvó la reforma laboral. El «¿de quién depende la Fiscalía?» amenaza con tener una segunda parte.

Sánchez tiene un evidente interés político en recuperar los efectos electorales de las inscripciones cuestionadas. Veremos si el Constitucional le despeja también este camino. Porque, si permite votar antes de esclarecer quién podía hacerlo, la resolución será provisional, pero las papeletas estarán contadas y los escaños adjudicados. Moncloa habrá ganado la carrera contra el reloj. La limpieza del censo seguirá esperando.