El presidente del Gobierno, durante su comparecencia del martes en la Moncloa
Quemando las naves
La crisis de Ceuta da cobertura legal al Gobierno para aprobar un decreto ómnibus in extremis
El Ejecutivo ya hizo una jugada similar en la precampaña de las generales de 2023, aprovechando la coyuntura de la guerra de Irán. Quedan siete Consejos de Ministros hasta las elecciones
La situación de excepcionalidad que padece Ceuta desde el pasado 30 de julio blinda al Gobierno la cobertura legal y la coartada política para aprobar un decreto ley ómnibus en el tiempo de descuento y llevarlo a convalidar a la Diputación Permanente del Congreso antes de que se celebren las elecciones o inmediatamente después. Replicando así el modelo seguido con los decretos leyes de vivienda para sacar a Junts de la ecuación parlamentaria.
La jugada, en realidad, no es nueva. El Ejecutivo ya hizo algo parecido en la precampaña de las elecciones generales de 2023. Entonces aprovechó la doble coyuntura de la guerra de Ucrania y de la reconstrucción de La Palma tras el volcán para, diez días antes del inicio oficial de la campaña electoral, aprobar un decreto ley, el 5/2023, que la oposición calificó de «totum revolutum». Estuvo en vigor toda la campaña y lo llevó a convalidar por la Diputación Permanente el 26 de julio. Es decir, tres días después de que se celebraran las elecciones.
El precedente
Aquel ocupaba 230 páginas del BOE, afectaba a medio centenar de materias y modificaba más de 40 leyes, algunas de ellas a través de la trasposición de cinco directivas (puede leerlo aquí). Como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto del Empleado, la Ley reguladora de la jurisdicción social, la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la Ley de fundaciones y la de Cooperativas de Crédito. Además de introducir el derecho al olvido oncológico, un permiso parental de ocho semanas para el cuidado de un menor acogido y una nueva regulación para las VTC. En total, un mastodonte legislativo de cinco libros, 18 títulos, 16 capítulos, 226 artículos, cinco disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales. Con el argumento de que el Gobierno tenía que prorrogar el escudo social frente a las consecuencias de la guerra de Vladimir Putin.
El Ejecutivo tiene que justificar la «extraordinaria y urgente necesidad» cuando aprueba un real decreto ley, tal y como estipula la Constitución. En este caso, se la da Ceuta. El Consejo de Ministros declaró la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma el pasado 25 de agosto, y el 1 de septiembre aprobó un primer real decreto ley con ayudas por valor de 309 millones de euros.
El desalojo de la playa del Trampolín
En la exposición de motivos de esta última norma, el Gobierno señalaba la «excepcionalidad sobrevenida de la situación»; la «necesidad de dar una atención coordinada, eficaz y ágil ante la coyuntura actual» y la afección al «funcionamiento ordinario de los servicios públicos y a la actividad económica de la ciudad», entre otros motivos. La crisis de Estado de Ceuta como comodín para un Ejecutivo que primero no la vio -o no quiso ver-, después no la supo dimensionar y ahora sigue sin ser capaz de embridarla.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció este miércoles que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un segundo decreto ley con ayudas para la ciudad autónoma por valor de 45,3 millones. No obstante, no será el último. Quedan siete Consejos de Ministros ordinarios hasta las elecciones, incluido el de la próxima semana. Y este Ejecutivo siempre ha mostrado especial querencia a los decretos ómnibus, pese a que sus socios se lo han recriminado en infinidad de ocasiones. Porque, en estos años, el Gobierno ha utilizado la pandemia, el volcán, la guerra de Ucrania, los aranceles de Donald Trump, la guerra de Irán, los incendios y demás emergencias para colar otras materias.
En la rueda de prensa que dio el martes en la Moncloa, el presidente se encargó de fijar el marco que le interesa: «Cuando el Congreso da la espalda a lo que se vive en la calle, a cuál es el sentir y la principal demanda de los ciudadanos, el Gobierno no va a mirar hacia otro lado», afirmó. Como también: «Si la mayoría del Parlamento, como sucedió el pasado viernes, da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento».
En esa comparecencia, un periodista le preguntó si el Ejecutivo aprobará más decretos leyes de aquí a las elecciones. Su respuesta puede interpretarse como un sí, aunque insinuado: «¿Si habrá más decretos ley? Bueno, insisto, nosotros vamos a continuar gobernando, no vamos a parar».
En la Diputación Permanente, el PSOE no necesita a Junts para tener mayoría simple, pero sí al PNV. Por lo pronto, los de Aitor Esteban anunciaron el martes que salvará el decreto ley que amplía la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables hasta 2030 y prorroga los alquileres en vigor hasta 2028. Al PNV no le gustan los decretos ómnibus, como a ningún socio de Sánchez. Y menos aún en la Diputación Permanente.
Cuando el Gobierno llevó a convalidar el 5/2023 tres días después de las generales, su diputado Mikel Legarda le reprochó al ministro Félix Bolaños: «El Grupo Parlamentario Vasco considera una auténtica anomalía en el sistema parlamentario el uso indiscriminado de los decretos leyes por el Gobierno, tal y como ha sucedido en esta legislatura y del que es buen exponente el que ahora debatimos, usando asuntos gancho de alto interés social para dar cobertura y posibilitar el arrastre a otros contenidos y así evitar la ordinaria elaboración de proyectos de ley y su posterior debate y tramitación en las Cortes o, como alternativa, su tramitación como decretos leyes independientes».
