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La fiscal general del Estado, Teresa PeramatoEuropa Press

La fiscal general reclama que se apruebe ya la reforma para que los fiscales dirijan las investigaciones

Peramato opina que los fiscales tienen «una especialización de la que carecen los jueces»

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha reclamado este jueves una reforma de fondo del proceso penal que ponga la investigación de los delitos en manos del Ministerio Fiscal. Lo ha dicho en el Ateneo de Madrid, durante el foro Justicia: La reforma de la Fiscalía, donde ha defendido un modelo acusatorio con un juez de garantías.

Para Peramato, los fiscales cuentan con una visión de todo el Estado, sin «limitaciones territoriales», y con «una especialización de la que carecen los jueces». Ha calificado el cambio de «fundamental» para separar las funciones de investigar y de juzgar, y ha recurrido al artículo 117 de la Constitución, que encomienda a los jueces «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado»: «Investigar no es juzgar ni ejecutar lo juzgado», ha resumido.

Sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde 1882, ha dicho que es un modelo «obsoleto» y «decimonónico», incapaz de hacer frente a la criminalidad organizada, transnacional o digital, ni a los retos de la inteligencia artificial. Ha recordado además que es la única ley procesal que no se ha reformado de manera integral desde la Constitución.

El juez de garantías

La fiscal general ha considerado «absolutamente incompatible e injustificable» que el mismo juez dirija la investigación y, a la vez, autorice registros, intervenciones de comunicaciones o decrete medidas como la prisión provisional y las órdenes de alejamiento. En su opinión, esa doble función resta imparcialidad al juzgador. Su propuesta es sustituir la instrucción judicial por un juez de garantías, o de audiencia preliminar, que controle la legalidad y la proporcionalidad de lo que se haga.

Además, Peramato ha insistido en que no se trata de una «reivindicación corporativa» ni de «quitarle el poder a los jueces para dárselo a los fiscales», sino de fortalecer el Estado de derecho.

Una «rara avis» en Europa

Según ha explicado Peramato, España es una «rara avis» por mantener al juez instructor, un modelo que en Europa solo comparte con Andorra. En la Fiscalía Europea y en el resto de Europa e Iberoamérica, ha dicho, investigan los fiscales. Cuando otro país pide auxilio judicial, la tramitación a través del juez de instrucción «ralentiza la respuesta», y esa demora, ha advertido, permite a las grandes redes criminales «poner pies en polvorosa» o poner a salvo su patrimonio antes de que se puedan ordenar embargos o decomisos.

Peramato ha lamentado que la reforma que impulsó el Gobierno esta legislatura haya decaído en el Congreso por el adelanto electoral, a pesar de contar, según ha dicho, con un informe «brillante» del Consejo Fiscal, consultas a toda la carrera y contactos con fiscalías europeas e iberoamericanas.

Por último, ha advertido de que el traspaso de la investigación debe ir acompañado de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerce su autonomía. Entre las medidas, ha propuesto desvincular el mandato del fiscal general del Gobierno y ampliarlo a cinco años, uno más que la legislatura.